Cerca de 18 manifestantes heridos fueron atendidos en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), luego de la irrupción a sus instalaciones en la jornada de protestas del 21 de junio. Fernando Ponce León, rector de la institución, aseguró que se llevarán todas las pruebas a Fiscalía para que se establezcan responsabilidades y se asuman los costos de los daños generados en la infraestructura.

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En Notimundo al Día, Fernando Ponce León, rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, explicó que la negativa de este centro educativo para albergar a manifestantes que llegaron desde distintas provincias del país hasta la capital, se debe a que las circunstancias actuales, frete a las de octubre de 2019, no son las mismas. Durante esas movilizaciones, contra las medidas del expresidente Lenin Moreno, se tuvo que atender la crisis por cerca de 30 minutos, por solicitud de grupos indígenas que se encontraban en el parque de El Arbolito.

Ponce precisó que esta ocasión se recibió el pedido con dos días de antelación, por lo que el Consejo Superior de la Universidad se reunió y decidió que su participación en el marco de las manifestaciones estaría enfocada en dos puntos: facilitar el diálogo entre el Gobierno y las organizaciones sociales; y, brindar apoyo humanitario de distinta manera.

Frente a la irrupción de manifestantes a sus instalaciones durante la jornada de protestas del 21 de junio, Ponce detalló que se brindó atención médica a los cerca de 18 heridos que ingresaron al campus, producto de los enfrentamientos con la Policía Nacional. Aunque reconoció que «como ciudadano, me siento como rehén del Gobierno y la Conaie», saludó los esfuerzos que se están haciendo para concretar el diálogo que ponga fin a la paralización que vive el país desde el pasado 13 de junio. «Soy optimista, a pesar de las piedras y el gas lacrimógeno, pues noto una disposición de relativa apertura entre ambas partes», apuntó.

Finalmente, informó que se está recopilando el material audiovisual y demás pruebas, para presentarlas ante la Fiscalía General del Estado y se puedan establecer responsabilidades, para que asuman con el costo del vandalismo, como la destrucción de la puerta principal de ingreso a la universidad.

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