El soterramiento de cables es parte del proyecto de Ordenanza Metropolitana Reformatoria que regula la infraestructura para las redes eléctricas, de telecomunicaciones, semaforización y videovigilancia, instaladas en los bienes de dominio y uso público. Según explicó Luz Elena Coloma, exconcejal de Quito, hasta el 2017 esta labor se financiaba con el pago de una tasa por ocupación del espacio aéreo y subterráneo. Sin embargo, este fue declarado como “inconstitucional”, generando una pérdida de cerca de USD 2 millones anuales para el Municipio de Quito.
📢Estamos #AlAire en #NotimundoEstelar con @ZULNELEA, exconcejal de Quito, para dialogar sobre la aprobación la ordenanza que regula el soterramiento de cables en #Quito.
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— NotiMundo (@notimundoec) September 28, 2022
Sobre esto, Coloma sostuvo que esta nueva ordenanza contempla una norma similar, y que el valor cobrado de la tasa por los servicios que se presta por el soterramiento será invertido en obras de mejoramiento del espacio público. Además, añadió que, “esto va a permitir soterrar 75 kilómetros de cables al año”, una tarea que será trabajada en conjunto con el Municipio, el Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL), la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) y la Empresa Eléctrica.
Finalmente, precisó que dentro de este plan “debe haber una equidad territorial”. Es decir, las inversiones para soterrar los cables colgados en los postes deberían estar dirigidas a mejorar el espacio tanto de las zonas comerciales y de plusvalía, así como de los pequeños barrios o sectores deprimidos económicamente. “Se debe trabajar en los lugares que se vean afectados por esto para mejorar la calidad de vida”, manifestó.
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