En Notimundo al Día, Santiago Peñaherrera, director general del Consejo de la Judicatura, se refirió al proceso de contratación de pólizas de seguros para la institución, donde supuestamente se habría intentado favorecer a una empresa, por medio de un requisito puesto a última hora donde se establecía un patrimonio de USD 16 millones para quien busque hacerse del contrato.
Peñaherrera rechazó las aseveraciones de Juan Esteban Guarderas, presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción, quien aseguró que se presentó un pedido de información sobre el proceso de contratación, el pasado 8 de julio, y hasta el momento no existía respuesta por parte del organismo. El máximo representante administrativo de la Judicatura informó que dicho documento nunca ingresó por la Secretaría General, con lo que «no se puede dar respuesta a aquello que no ha ingresado de manera formal».
Asimismo, manifestó que en horas de la tarde del martes 12 de julio, Guarderas remitió un oficio dirigido a Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, que levantó una alerta. En el escrito, Guarderas señala su rechazo «ante las condiciones establecidas en el proceso (…) que afecta la participación de mi representada», con lo que queda abierta la posibilidad de que el titular de la Fundación Anticorrupción tenga algún interés en particular con alguna de las empresas aseguradoras.
@ASantiagop5: “Desde la aprobación de los términos de referencia se estableció el patrimonio de USD 16 millones como requisito. El @SERCOPec señala que es responsabilidad del @CJudicaturaEc determinar requisitos y condiciones”
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— NotiMundo (@notimundoec) July 13, 2022
Guarderas también había señalado que el requisito del patrimonio de USD 16 millones fue incluido en la fase de preguntas y aclaraciones, lo cual fue desmentido por Peñaherrera, quien afirmó que dicho requisito fue incluido desde la aprobación de los términos de referencia, mismos que fueron enviados a la Contraloría General del Estado para que emita su dictamen, el cual fue favorable.
Por otro lado, negó que sea una sola empresa la que cumple con el requisito en cuestión, sino que se han revisado las 14 empresas más grandes del mercado nacional, donde 9 cumplen con el requerimiento, mientras que las otras 5 alcanzan y superan los USD 16 millones. El monto del patrimonio responde a la gran cantidad de bienes que deben ser asegurados, ante el aumento del riesgo que tiene la función judicial respecto de años anteriores, según Peñaherrera.
Finalmente, aclaró que al proceso se invitó a 309 empresas y al momento han sido predesignadas 3, las cuales cumplen con el requisito del patrimonio. Adelantó que se espera el acta de calificación de ofertas, revisar la documentación y posteriormente se adjudicará el contrato. «Como servidor de más de 16 años, siempre hemos abierto la posibilidad para que la ciudadanía haga control de la gestión, que sea objetivo y con conocimiento», puntualizó. Además, refirió que en los portales del Servicio de Compras Públicas y de Superintendencia de Compañías se detalla el proceso, el cual insiste ha sido transparente.
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