Para poder evaluar la gestión de las autoridades de la Asamblea, es necesaria la presentación de una denuncia, para posteriormente conformar una Comisión que se encargue del análisis. Esto no se ha dado al interior del legislativo, por lo que una eventual destitución, basada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa no procede, según Libia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos.

Créditos: Asamblea Nacional

Libia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, explicó que el Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa no establece la creación de una Comisión pluripartidista para evaluar a las autoridades parlamentarias, sino que para que esto proceda deben existir causales de destitución, como el incumplimiento de funciones, presentadas por medio de una denuncia.

Rivas recordó que el Artículo en cuestión fue reformado y entró en vigencia el día que se posesionó la actual Asamblea Nacional, el 24 de mayo de 2021. En los periodos legislativos que precedieron a este, no existía esta disposición, por lo que en el caso del expresidente legislativo, José Serrano, por ejemplo, no se aplicó un procedimiento establecido en la Ley, sino que por medio de una sesión del Pleno y su derecho a la defensa, se optó por destituirlo mediante una votación.

En el caso de la actual presidenta, Guadalupe Llori, que a falta de un voto no se dio paso a la moción para que fuese evaluada junto a sus compañeros del Consejo de Administración Legislativa (CAL), Rivas indicó que, de haberse dado paso a la decisión, se hubieran sugerido nombres para la conformación de una comisión pluripartidista, donde se hubiera evaluado, pero sin un sustento legal.

Rivas también recordó que entre las competencias que tiene la titular de la legislatura, como garantizar el equilibrio democrático mediante el cumplimiento de las Sesiones y las normas establecidas. «A estas alturas, si los legisladores cuestionan el accionar de la Presidenta, deberían ya haber encontrado cuál de las causales fue incumplida», acotó Rivas, y consideró que hace falta un análisis más minucioso de los presuntos incumplimientos para actuar conforme a la Ley, ante una eventual evaluación y destitución.

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