La expresidenta de Argentina Cristina Fernández presentó hoy un escrito que busca eximir de prisión a su hija después de que "en las últimas horas" le hayan "informado" de que el juez que las citó a ambas a declarar la próxima semana como imputadas por delitos de corrupción quiere ordenar su detención.

CNN

En un mensaje en Facebook, la mandataria argentina entre 2007 y 2015 se refirió a la causa por la que a principios de febrero el magistrado Claudio Bonadio citó a declarar tanto a Fernández como a sus hijos Florencia y Máximo Kirchner y varios empresarios por presunto lavado de dinero y cohecho.

Esta citación se produce en una causa que investiga supuestos negocios irregulares con empresarios de la obra pública a través de la empresa familiar Los Sauces.

«El pasado 3 de febrero, mi hija Florencia fue citada a prestar declaración indagatoria. (…) Se la acusa de haber formado parte de una supuesta organización delictiva que habría iniciado sus actividades en mayo de 2003», comienza diciendo Fernández en su escrito.

En este sentido, la expresidenta recriminó que en ese tiempo Florencia «contaba con tan solo 12 años de edad» y que en la fecha de constitución de la empresa inmobiliaria Los Sauces -objeto de investigación-, su hija «recién había alcanzado a cumplir 16 años».

Es así que recuerda que la relación de Florencia con dicha sociedad se inicia tras el fallecimiento de su padre, el también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), en 2010, «en el carácter de heredera forzosa».

«En las últimas horas nos han informado que, en el marco de la descomunal campaña de persecución mediático-judicial, Bonadio intentará privar a mi hija Florencia Kirchner de su libertad», asevera Fernández.

En la tarde de este viernes, el fiscal de la causa, Carlos Rívolo, consideró que no hay condiciones de detención en este momento al no haber peligro de fuga ni entorpecimiento de la causa y poco después se conoció que el juez concedió la exención de prisión a la joven, de 26 años.

«Todo esto viene ocurriendo mientras los problemas de los argentinos se siguen agravando con motivo de las políticas del actual Gobierno, situación que pretende ser ocultada y manipulada a través de la actuación coordinada de una alianza política, mediática y judicial», añadió Fernández en su escrito en Facebook.

La ex jefa de Estado acusa a su sucesor, Mauricio Macri, de estar detrás de la persecución de la que dice ser víctima y en su texto de hoy reprochó la «actitud de menosprecio» por parte del actual presidente «a los derechos, garantías y seguridad de las personas y el modus operandi de un Gobierno, en relación con todo lo que considera ‘opositor'».

«Como lo he dicho en muchas oportunidades, no tengo ni tendré temor alguno en enfrentar cualquier cargo que se me formule, incluso si para ello debo padecer la pérdida de mi libertad ambulatoria. De la otra, estos jamás me podrán privar», subrayó la exmandataria.

Además, señala que «estos hechos de inusitada gravedad y otros de similar magnitud» se detallan en el «escrito de exención de prisión» que en la mañana de este viernes presentó en representación de su hija, y reflejan «el increíble deterioro del Estado de Derecho desde el 10 de diciembre de 2015», cuando ella dejó el poder.

La causa Los Sauces surgió en abril de 2016 tras una denuncia de la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer contra Fernández y sus hijos en la que les acusaba de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero relacionados con supuestas transacciones ilícitas con los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez.

Stolbizer cree que pudo utilizarse la empresa, dedicada al alquiler de inmuebles y conformada en 2006 por el matrimonio presidencial y su primogénito para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias de parte de esos empresarios, que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.

El fiscal Carlos Rívolo hizo lugar a esa denuncia de Stolbizer y pidió investigar como imputada a la expresidenta, por lo que ahora decidió convocarla el juez, quien una vez le haya tomado declaración decidirá si dicta su procesamiento, es decir, si abre un proceso penal contra ella que desemboque en la apertura de un juicio oral.