La Comisión ocasional que investiga la presunta estructura de corrupción en empresas públicas del Estado, continúa recibiendo comparecencias para tener mayor claridad en el llamado Caso Encuentro. En Notimundo al Día, María Sara Jijón, directora del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), informó que durante su intervención en la mesa legislativa detalló las 36 denuncias que presentó en 2022 por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

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En Notimundo al Día, María Sara Jijón, directora del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), ofreció detalles sobre su comparecencia en la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional que investiga el Caso Encuentro, donde se indaga la presunta corrupción en las empresas públicas del Estado.

Señaló que de las 83 denuncias que el Sercop recibió sobre irregularidades en contrataciones públicas, entre mayo de 2021 y diciembre de 2022, se identificaron posibles casos de corrupción, por lo que presentó en la Fiscalía General del Estado (FGE) 36 denuncias durante el año pasado. Algunos casos tienen que ver con cohecho, concusión, peculado y, la gran mayoría, falsificación de documentos. Añadió que 4 de esas denuncias se relacionan con posible manipulación al sistema informático del Sercop.

Jijón precisó que algunas de las denuncias tienen que ver con casos que se llevaron a cabo entre 2018 y 2019, y que no todas estarían vinculadas a la administración del presidente Guillermo Lasso. «Ir al detalle no me compete; la FGE debe determinar si hay indicios de responsabilidad penal«, apuntó. No obstante, adelantó que las irregularidades tienen que ver con «malos actores» del lado de los proveedores del Estado y también por parte de los contratantes.

La funcionaria aseguró que los procesos de investigación de la FGE están avanzando y afirmó que, personalmente, ha dado seguimiento a los mismos para verificar que la justicia prevalezca. Aunque no precisó el monto de perjuicio para el Estado, detalló que las denuncias presentadas hablan de montos que van desde los USD 30.000 hasta los USD 6 millones. Insistió en que no todas las denuncias estarían relacionadas con el Caso Encuentro, sino que también hay otras sobre corrupción en contratos de algunos Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

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