Tras disolver la Asamblea Nacional, el presidente Guillermo Lasso gobernará vía decretos mientras se eligen nuevas autoridades para el Ejecutivo y Legislativo. En Notimundo al Día, el viceministro de Gobernabilidad, Mario Cuvi, defendió la legalidad de lo decidido por Lasso y aclaró que los decretos-ley que suscriban en adelante se centrarán exclusivamente en materia económica urgente y deberán tener el dictamen favorable de la Corte Constitucional.

Foto: Presidencia

En Notimundo al Día, el viceministro de Gobernabilidad, Mario Cuvi, explicó que las criticas que se han dado tras la aplicación de la muerte cruzada, con la que el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional, es parte del derecho al «pataleo» que tienen los legisladores cesados en sus funciones y que su opinión es muy poco relevante al momento.

Asimismo, defendió la legalidad del Decreto Ejecutivo 741, con el que se hizo efectiva la disolución del Parlamento, puesto que esa facultad está amparada en la Constitución de la República. Además, aclaró que la decisión no tiene similitud con lo acontecido en Perú el pasado mes de diciembre, cuando el ahora expresidente, Pedro Castillo, disolvió la legislatura en su intento de salvarse de la destitución.

«Aquí está establecido en la Constitución y aquí el presidente no se queda a hacer lo que le da la gana, sino que se convoca a elecciones generales», agregó.

Lo resuelto por Lasso, dijo Cuvi, es una decisión compleja que busca dar una salida efectiva a la crisis política en la que está sumida el país, por obra de «un grupo de irresponsables que solo estaban pensando en sus intereses y en cómo cumplirle al jefe (Rafael Correa) el objetivo de regresar al poder».

Por otra parte, cuestionó el juicio político que se desarrollaba en la Asamblea, pues a su criterio nunca logró probarse las acusaciones en contra del Primer Mandatario, sobre su presunta responsabilidad en el delito de peculado.

En los 90 días que le quedarán a Lasso para gobernar vía decreto, Cuvi precisó que se abordarán temas exclusivos en materia de urgencia económica y que deberán tener el visto bueno de la Corte Constitucional.

En este punto, el Viceministro hizo un llamado a la ciudadanía, para que ejerza presión sobre el máximo organismo de control constitucional, «que tiene una tradición de demorarse, por decirlo delicadamente». Destacó que el primer decreto ley, referente a la reforma tributaria, busca la reducción de impuestos para la clase media.

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