El Decreto 741 de la muerte cruzada complica el panorama político que pone a los exasambleístas en apuros para lograr mantenerse en sus cargos. Aunque la bancada correísta de Unes y la Izquierda Democrática coincidieron en que el presidente Guillermo Lasso usó la muerte cruzada como un “salvavidas” para evitar su destitución, enfatizaron que acatarán la medida y, por otra parte, acudirán a la Corte Constitucional para revertirla, respectivamente.

Créditos: Asamblea Nacional

En Notimundo Estelar, la exasambleísta de Unes, Paola Cabezas, rechazó que, mediante el Decreto de muerte cruzada, el presidente Guillermo Lasso pretenda obstaculizar el juicio político que la Asamblea seguía en su contra, “esto demuestra la falta de calidad moral y política del mandatario”, dijo y agregó que esta medida no aplica ninguna de las causales establecidas en el artículo 148 de la Constitución porque en el país no hay conmoción interna y la “Asamblea no le ha obstruido ejercer su Plan de Desarrollo”.

Mientras que, Yeseña Guamaní, exlegisladora por la Izquierda Democrática, cuestionó la medida, en este mismo espacio, porque desde su perspectiva “es inconstitucional” y debido a que “el Presidente ha violentado el dictamen de la Corte Constitucional en un juicio político que estaba en marcha”, dijo y agregó que esta acción fue tomada en “represalia a la Asamblea” por el juicio político que impulsaba en su contra.

“El Presidente ha boicoteado el juicio político porque tiene miedo de ser censurado y destituido”, indicó Guamaní quien coincidió con Cabezas en que las causales no se configuran con lo que está pasando en el país.

Sin embargo, aunque Cabezas insistió en la cobardía del Primer Mandatario y cuestionó la medida tomada y precisó que la bancada del correísmo acatará el Decreto más allá de considerar que este tiene “vacíos constitucionales”. “Nosotros hemos sido los primeros en convocar al Presidente para que firme el Decreto y anticipar las elecciones. Esta es una gran oportunidad que tiene el pueblo ecuatoriano para salir de este fraude democrático que representa el presidente Lasso para el país”, enfatizó.

Además, Cabezas afirmó que el amndatario no es “demócrata”. “El Presidente sabía que se iba a ir a su casa destituido por la Asamblea pero el camino más fácil fue firmar un Decreto para la muerte cruzada”, dijo a la vez que informó que Unes no se sumará a las demandas de inconstitucionalidad porque “son coherentes con su palabra” y la muerte cruzada es una salida democrática para el país.

Por su parte, Guamaní también calificó a Lasso como “cobarde” y lamentó que el llamado a nuevas elecciones le costará al país cerca de USD 114 millones. “Esa es la lamentable irresponsabilidad que Lasso ha tenido con el país por su ego y su accionar indolente”, recalcó.

Finalmente, las dos legisladoras coincidieron con que el Presidente usó la muerte cruzada como “salvavidas” para evitar su destitución.

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