En Notimundo al Día, Sylvia Bonilla, expresidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos e integrante de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, señaló que en 2021 la Corte Constitucional dispuso que el rol complementario de las Fuerzas Armadas (FFAA) solo puede darse durante un estado de excepción, y bajo ciertos criterios.
A decir de Bonilla, la Ley que se tramita en el legislativo, sobre el Uso Progresivo de la Fuerza, debe diferenciar las labores de la Policía y de las Fuerzas Armadas, ya que está prohibido por la Constitución la movilización y acción de las FFAA en situaciones ordinarias, o para control de la población civil.
Bonilla recordó que al inicio de la pandemia del Covid-19, se recibieron varias denuncias de vulneración a los derechos humanos por parte de los militares, quienes habrían tenido un procedimiento cuestionable en casos como el toque de queda.
@sylviabonillab: «Delincuencia e inseguridad son problemas estructurales que no se combaten a través de la expedición de normas represivas, sino con formación y capacitación».
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— NotiMundo (@notimundoec) February 8, 2022
A decir de la activista, la Fiscalía General del Estado ofreció una investigación para sancionar a los responsables, pero «hasta ahora no nos han dicho qué ha pasado con esos funcionarios».
La solución, para Bonilla, no puede darse con la expedición de normas «represivas», ya que la delincuencia e inseguridad son problemas estructurales, sino que deben ser combatidas con formación y capacitación de los efectivos policiales, estableciendo «límites claros«. Falta de esa capacitación, dijo Bonilla, se evidencia en los cerca de 900 policías que atraviesan por procesos judiciales, pues “no saben” como emplear el uso progresivo de la fuerza.
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