Las diversas crisis por las que atraviesa el sistema judicial complican vislumbrar un panorama inmediato para sanearlo. En Decisiones, con Francisco Rocha, tres especialistas del derecho coincidieron en que se necesitan establecer reformas a mediano y largo plazo, para recobrar la confianza ciudadana en la Justicia y garantizar que quienes ocupen cargos en esta área respondan a intereses ciudadanos y no partidistas, e incluso delincuenciales.

En Decisiones, con Francisco Rocha, el exjuez de la Corte Nacional, Walter Macías, calificó al sistema judicial como un «botín de piratas». A su criterio, en la justicia debe haber un desprendimiento de intereses personales, para priorizar los colectivos.

Macías explicó que cuando Wilman Terán presidió la Judicatura existía una «venta de conciencias», lo que se evidenció con la sanción que fue impuesta en su contra mediante la suspensión de su cargo, y que habría tenido como objetivo poner jueces «a la medida» de ciertos intereses.

Ahora, con una nueva administración, Macías espera que la presencia del equipo de Terán y del vocal Xavier Muñoz, procesados por distintos delitos, no «empañen» las buenas intenciones del organismo.

La potestad sancionatoria de la Judicatura deja de lado los argumentos jurídicos y solamente toma en cuenta los votos para destituir a quien consideren la «piedra en el zapato» para los intereses del poder de turno, apuntó el exmagistrado.

Para María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, el problema, además de complejo, no es nuevo. La politización del sistema judicial ha ocurrido en toda la historia republicana del país, explicó Miño, y agregó que las formas de intento de control de la justicia van variando según cada Gobierno.

Afirmó que en el mandato de Rafael Correa, se intentó controlar la justicia a través de procesos sancionatorios y del diseño de concursos de méritos y oposición, que sumado a las facultades que se otorgaron al CJ, se dio potestades de designación de sanción «exorbitantes».

Miño manifestó que esas decisiones desembocaron en que en la actualidad el sistema permita al CJ «manipular» la independencia de los jueces.

Asimismo, explicó que lo ideal sería que exista una Ley de concursos de méritos y oposición que se aplique para jueces, contralor, entre otras altas autoridades. Esto como una alternativa a largo plazo.

A corto plazo, dijo, se podría trabajar con el CJ para establecer un reglamento sólido, con aportes de la Academia y la sociedad civil, para el concurso de selección de jueces de la Corte Nacional.

Miguel Molina, abogado constitucionalista, explicó que el sistema de justicia en Ecuador está estructurado para que una persona lo controle. En el caso puntual, el diseño del Consejo de la Judicatura es «lo más preocupante», apuntó, debido a que la institución tiene grandes poderes, que deberían ser revisados de manera inmediata, como la facultad sancionatoria que posee.

En este sentido, Molina hizo un llamado para que se piense en una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, para evitar que en el futuro el organismo deje de ser motivo de disputa de los poderes políticos.

Por otro lado, indicó que es un «buen momento» para iniciar un diálogo con Álvaro Román, presidente encargado de la Judicatura, para que rinda frutos en un futuro prometedor de la justicia en el país.

Es fundamental, añadió Molina, que exista una verdadera carrera judicial, con lo que se garantizaría la probidad de quienes asuman los cargos importantes en la justicia.

Insistió en que es indispensable que la Academia intervenga en la situación que vive el país, para que quienes aspiran a ocupar un cargo en el sistema tengan un completo conocimiento y un sentido de responsabilidad para tomar las decisiones adecuadas.

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