Los ejemplares sustraídos pertenecen a las especies Chelonoidis vicina y Chelonoidis guntheri, ambas en peligro de extinción. Los dos funcionarios del Parque Nacional Galápagos se encuentran procesados «por considerar que su conducta estaría encuadrada en un presunto delito de asociación ilícita para cometer el delito de tráfico de especies», informó la Fiscalía.
Por tratarse de funcionarios públicos, continúa el boletín de la entidad, «el juez Ramón Abad Gallardo dispuso medidas sustitutivas a la prisión preventiva». Los procesados deben presentarse periódicamente ante la autoridad judicial y además se les impuso la prohibición de salida del país.
Errol Elizalde, fiscal de la unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti), considera que el caso «podría tratarse de una organización que operaría entre las personas que estaban en la obligación de cuidar, controlar y supervisar las actividades» en el Parque Nacional Galápagos.
«Se logró determinar que las tortugas fueron sustraídas en forma sistemática desde hace mucho tiempo», sostuvo. La Fiscalía no descarta que otras personas puedan ser vinculadas a este caso, pues en el expediente de 14 cuerpos están incluidas «actas de entrega-recepción de funcionarios que mostrarían inconsistencias en las fechas de suscripción, en el número de individuos reportados, así como en sus tamaños y pesos».
Esto lo determina un parte informativo de la Policía Judicial. Además, «se incluyó una triangulación de llamadas telefónicas entre funcionarios de dicho Parque y otros ciudadanos, un análisis de conexiones y las versiones de seis personas que podrían tener participación en esta infracción».
El segundo expediente abierto por el presunto delito contra la flora y fauna está en fase de investigación previa. La Fiscalía considera que el robo de las crías de tortugas gigantes tuvo un «gran impacto en la conservación de especies en peligro de extinción grave» que tuvo el robo de las crías de tortugas gigantes. Este hecho fue confirmado el pasado 5 de octubre del 2018 por el Ministerio del Ambiente de Ecuador.
Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK
