Los asambleístas Lourdes Cuesta y Roberto Gómez comenzaron ayer (23 de julio del 2019) a recoger firmas para un posible juicio político en contra de la ministra del Interior, María Paula Romo.
A la funcionaria se la menciona por un supuesto mal uso de bienes públicos.
Según la parlamentaria, el pasado 3 de marzo, la Ministra, junto con el secretario Anticorrupción, Iván Granda y sus dos hijos menores de edad, usaron un avión de la Policía Nacional, para viajar de Salinas a Esmeraldas por vacaciones de Carnaval.
Cuesta hizo pública la bitácora de vuelo. Allí consta la siguiente orden: “Por disposición del Comando de Aeropolicial se realiza un vuelo de Salinas a Esmeraldas con la finalidad de trasladar a la señora Ministra del Interior”.
El pasado 3 de julio, Cuesta también envió un oficio al contralor Pablo Celi, en el que solicitó que se investigue este caso y que pida los registros de operaciones de vuelo a la Dirección de Aviación Civil y a Aeropolicial. En el documento indicó que el uso de la nave fue para uso personal y no para un acto oficial.
El pasado 13 de julio, la ministra Romo indicó que “existe una mala fe en las insinuaciones de la asambleísta Cuesta”. Además, dijo que estuvo en Salinas para preparar una reunión del presidente Lenín Moreno y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
Mucha mala fé en la insinuación de la Sra. Cuesta en esta carta que difunde el correísmo.
En la fecha a la que se refiere, estuve encargada de preparar la reunión del presidente Moreno y el presidente Guaidó. Reunión q se dio en Salinas. pic.twitter.com/tGvTqkkce8
— María Paula Romo (@mariapaularomo) July 14, 2019
También explicó que el traslado de los menores en el avión se produjo, porque ellos tienen medidas de seguridad por el riesgo que implican los trabajos de los dos funcionarios.
El pasado 17 de julio, este Diario pidió una entrevista con Iván Granda, pero hasta ayer no tuvo una respuesta.
Aclaración para la ciudadanía: pic.twitter.com/KEkUqkJCX5
— Iván Granda Molina (@IvanGrandaM) July 14, 2019
Para presentar el pedido de juicio político, los legisladores necesitan al menos 38 firmas. En caso de ser aprobada, la solicitud se envía a la Comisión de Fiscalización para que inicie el trámite.
Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK
