En el conversatorio habitual con medios de comunicación, el ministro Augusto Espinosa dio a conocer sobre el proceso de regulación de las organizaciones sociales suscritas al Ministerio de Educación (MinEduc), proceso que busca contar con un registro actualizado de dichas organizaciones.

Ministerio de Educación

Durante su presentación, el ministro Espinosa explicó que todas las organizaciones sociales están debidamente regularizadas a nivel Constitucional, en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, así como en acuerdos ministeriales.

En el Ministerio de Educación existen 2.781 instituciones registradas, las cuales serán actualizadas de acuerdo con el cronograma establecido hasta el mes de diciembre de este año. Asimismo, explicó que la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito inició el proceso de regularización de nueve organizaciones sociales.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) es una de las organizaciones sociales que fueron notificadas, y como tal está regida bajo el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales. Espinosa señaló que la UNE ha sido registrada en el MinEduc y no como un sindicato. “Si fuese un sindicato, [la UNE] estaría regulada por el código de trabajo y debería estar registrada en el Ministerio del Trabajo”, indicó.

Espinosa señaló que desde hace más de dos años, la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito ha requerido que la UNE regularice su directiva, ante lo cual no cumplió con lo solicitado. En vista de que venía incumpliendo sistemáticamente con la normativa vigente, en julio de 2016 la Subsecretaría envía una providencia en la que se da un nuevo plazo para que entregue la UNE la documentación faltante. Al incumplir con lo requerido, se promulga la resolución de disolución.

Entre los incumplimientos que determina la Subsecretaría  de la UNE, se encuentra que ha violado sus propios estatutos, que ha inobservado el Acuerdo Ministerial 430-13  de 2014, así como el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales. Incumple también con el artículo 30 inciso 2 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y además atenta con el art. 96 de la Constitución de la República.

Dentro de la resolución se establece que debe instalarse una Comisión de Liquidación, la cual tiene 90 días para hacer un análisis del patrimonio de la UNE y en función de ese análisis cumplir con las obligaciones que esta organización tenga. Entre las distintas actividades que debe cumplir esta Comisión es analizar los activos y pasivos con la que cuenta la misma. El 25 de agosto, de acuerdo al cronograma que ha establecido, la Comisión liquidadora estará en la sede nacional de la UNE. Los docentes que se sientan afectados pueden acercarse.