Este 2019, las organizaciones y activistas a favor de los derechos humanos pusieron sobre la mesa algunos temas que causaron controversia en la sociedad; especialmente el referente al matrimonio igualitario y la ampliación de las causales del aborto no punible, en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). El primero, fue aprobado por dictamen de la Corte Constitucional (CC) en junio y el segundo fue negado por la Asamblea Nacional en septiembre.
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Para Sybel Martínez, abogada y vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, el matrimonio igualitario representó un importante avance en materia de derechos humanos para le país; pues «no puede ser posible que un prerrequisito para ser ciudadano sea ser heterosexual«.
Además, Martínez aseguró que esta resolución no podrá ser eliminada por un cambio de CC o de Gobierno, ya que en el país es inconstitucional la regresión de derechos. Asimismo, señaló, el Ecuador debe respetar los tratados internacionales a los que está suscrito, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual emitió la opinión consultiva sobre el matrimonio igualitario como un principio legal fundamental.
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Sin embargo, para el asambleísta por el Partido Social Cristiano, Esteban Torres, la CC cometió un error al «pasar sobre la Constitución» para aceptar el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. «No se hizo lo correcto. El presidente de la Corte dijo que ahí se dio una mutación constitucional«.
Torres aseguró que, incluso, la Corte ha abierto un camino por el cual se podrá «violar la Constitución nuevamente«, para aceptar nuevos cambios; como una posible ampliación de las causales no punibles del aborto.
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El Asambleísta sostuvo que el Legislativo, al no despenalizar el aborto en casos de violación, protegió los derechos de las miles de niñas y niños en el vientre materno. «En este caso, fue más importante el derecho a la vida desde la concepción, que el proyecto de vida de las mujeres«.
No obstante, para Martínez, el aborto no punible por violación es una herramienta estipulada en los tratados internacionales como necesaria para la reparación integral de las víctimas; además, «obligar a parir a una víctima de agresión sexual es una forma de tortura».
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