La aprobación del informe de la Comisión Legislativa que investiga el caso ‘Encuentro’, donde se recomienda llevar a juicio político al presidente Guillermo Lasso, por supuestamente cometer delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública, ahondan el ambiente de inestabilidad que atraviesa el Ejecutivo desde hace tiempo atrás. Los frentes que se han abierto para sacar al Mandatario del poder parecen multiplicarse con el pasar de los días, aunque también por otro lado están las voces de quienes defienden la institucionalidad y el orden democrático.

En Decisiones con Jorge Ortiz, Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado, defendió las actuaciones del Gobierno durante el paro nacional de junio de 2022 y aseguró que se ejecutó la estrategia propuesta, tanto en el tema político como en la contención por parte de la fuerza pública. Ante un nuevo escenario de movilizaciones, como ya se ha anunciado desde distintos sectores, señaló que existen líderes «histéricos e irracionales» a quienes hay que solicitar que se analice con detenimiento lo que están provocando.

Indicó que ante los escenarios de violencia que se generan durante las protestas, como sucedió en 2019 y en 2022, se deben tomar medidas drásticas, mediante la acción de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el fin de garantizar el orden democrático. No obstante, aclaró que el camino que debe primar es el del diálogo entre los actores involucrados.

Explicó que en la Fiscalía General del Estado existen cuatro indagaciones previas por hechos suscitados en junio de 2022: una contra la dirigencia del movimiento indígena, por sublevación; dos por el asalto a convoyes militares, ocurridos en San Antonio de Pichincha y en Shushufindi, en Sucumbíos; y otra, por el asalto a un cuartel militar en Puyo, provincia de Pastaza. «Esperamos que los procesos avancen», acotó Ordóñez.

Para el analista político y director de diario El Comercio, Ramiro Rivera, un Gobierno que tiene minoría en la Asamblea Nacional y una clase política «canibalesca, salvaje e ignorante», está destinado al colapso. A esto se suma un déficit del manejo político, pues reconoció, como exmiembro de pasados gobiernos, que los funcionarios en el poder se «encapsulan» y se pierde el sentido de la realidad.

Este criterio fue refutado por Ordóñez, quien afirmó que, pese al supuesto manejo deficiente de la política, el Gobierno se ha mantenido en el poder en medio de constantes intentos de conspiración, llevados a cabo desde el correísmo, en alianza con el Partido Social Cristiano (PSC) y una facción de Pachakutik (PK). «Ha enfrentado dos intentos de destitución y una paralización indígena, además que ha mantenido la estructura de los organismos del Estado», añadió.

Sin embargo, Rivera acotó que, desde el ejercicio del poder, lo peor que se puede hacer es creer que todo está bien y que los cuestionamientos que se generan desde las redes sociales y también por parte los líderes de opinión carecen de fundamento. Insistió en que el mal manejo político se evidencia en acciones como el cambio por cuatro ocasiones de los ministros de Gobierno, en menos de dos años. «En la política, también cuenta lo que la gente cree; no en vano tienes un nivel de credibilidad», apuntó.

Frente al escenario que se busca desde la Asamblea Nacional, para llevar a juicio político al presidente Lasso y destituirlo del cargo, Rivera consideró que quienes estarían buscando beneficio de esto es el expresidente de la República, Rafael Correa, y el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza.

De su lado, Cecilia Velasque, subcoordinadora de Pachakutik (PK), precisó que las decisiones que se toman por parte de la Conaie no pasan solo por el criterio de Iza, sino de las estructuras organizativas del movimiento indígena. «No se trata de Leonidas Iza; él es el dirigente y debe acatar las resoluciones que definan las estructuras», precisó. En este sentido, detalló que las 14 resoluciones que salieron del consejo ampliado que mantuvo la Conaie en días pasados, responden al sentir colectivo, y añadió que dentro de esas resoluciones no se contempla un nuevo paro nacional.

No obstante, insistió en la necesidad de que el Gobierno Nacional ponga en marcha el plan de trabajo para terminar con problemas fundamentales, como la desnutrición crónica infantil en la Sierra centro, precisamente donde se registran los más altos niveles y que corresponden a comunidades indígenas del país.

Por otro lado, negó que el movimiento indígena esté dividido, pese a los acontecimientos de los últimos días, sobre todo al interior de la Fenocin, donde su presidente, Gary Espinoza, hizo un llamado para que Iza se mantenga al margen de las decisiones de esa organización y no intente fragmentarlos.

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