María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, indicó que la Dirección Nacional de Tecnologías de la institución identificó irregularidades en la asignación de jueces a las causas presentadas por Jorge Yunda que no tienen relación con una vulneración al sistema sino con una alteración en la tipificación de la causa. Es decir, en el primer caso se la ingresó como una acción de violencia y no como una garantía jurisdiccional; mientras que en el segundo se la vinculó a una existente del año 2020 y no se realizó sorteo.

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En NotiMundo Estelar, María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, indicó que solicitó a la Dirección de Transparencia de la institución emitir un informe, en un plazo máximo de 8 días, para conocer detalladamente lo ocurrido con las presuntas irregularidades identificadas en las causas jurisdiccionales ingresadas por el alcalde removido de Quito, Jorge Yunda.

Explicó que, en el primer caso, el documento técnico hace relación a un inconveniente que se registra desde el inicio; es decir, cuando se ingresó la causa, en la Unidad Judicial de Quitumbe y especificó que, en ese momento, se la registró como un acto de violencia, pese a ser una garantía jurisdiccional. Señaló que eso provocó el inconveniente porque los jueces competentes para atender este delito son únicamente 5 y no 215 como correspondía.

Manifestó que, en el segundo hecho, la Dirección de Tecnologías diagnosticó que la causa se ingresó como cobro de honorarios y “se ancló” a una creada en el año 2020, causando una omisión del sorteo; acción a la que calificó de “gravísimo”.

En ese sentido, aseguró que eso motivará “mucha rigurosidad tanto en la investigación cuanto en las sanciones que determinará el Consejo” e indicó que es importante destacar que ante lo identificado se puso una denuncia en la Fiscalía General del Estado para que se sancione como un delito, pero el organismo también emitirá penalidades de tipo disciplinario administrativo.

Asimismo, la presidenta del Consejo de la Judicatura dijo que, por estas irregularidades, el pleno del organismo inició procesos administrativos y dispuso suspender a varios funcionarios judiciales por un lapso de 90 días.

Respecto a casos ordinarios, indicó que este tipo de ilícitos no ocurren debido a que existen seguridades que fueron implementadas, en cooperación de la Dirección de Tecnologías, y precisó que las pistas de auditoria les permiten “ir detrás de quienes intenten vulnerar el ingreso de actas” previamente.

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