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La sesión en la Comisión de Fiscalización llegó a su momento clave con las preguntas. El asambleísta de Creo, Homero Castañer, sugirió una falta de imparcialidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

¿Recibió una llamada, visita o documento para influir en la reelección del (ex) contralor Carlos Pólit?”, interrogó a Raquel González, del Cpccs. Ella respondió que no aceptaría la consulta. Argumentó que es transparente, que vive de su sueldo y no de “cualquier extra que le puedan dar”.

González llegó el martes 20 de junio del 2017 a la Asamblea acompañada por los consejeros Edwin Jarrín, Tania Pauker y Tito Astudillo. La Comisión de Fiscalización solicitó su comparecencia en medio de un pedido de juicio político al excontralor. González hizo una exposición de cerca de una hora y media y repitió la información que ha dado en los últimos días.

Según ella, la designación de la autoridad de control se realizó conforme a las leyes y reglamentos vigentes. Existe un archivo digital detallado del proceso. En los documentos consta la aprobación de las modificaciones al reglamento para elegir al Contralor. Con el documento se dio ventaja a los funcionarios públicos.

Se establecieron menos puntos para los profesionales en libre ejercicio y se los sumaron a quienes trabajaban como servidores. Entonces, Pólit llevaba 10 años al frente de la institución. En el inicio del proceso, en junio del 2016, González sostuvo que los cambios obedecieron a la experiencia que debían tener los candidatos que “auditarían el gasto y la utilización de los fondos públicos”.

La sesión del martes se inició a las 09:00, pero se interrumpió. A las 11:30 inició el Pleno de la Asamblea. González solo habló sobre uno de los dos puntos de la convocatoria: la forma como trabajó el Consejo para la selección del Contralor.

Quedó pendiente la exposición sobre cómo el organismo ha combatido a la corrupción. En el artículo 207 de la Constitución se señala como atribución del Cpccs la selección del Defensor Público, Defensor del Pueblo, Fiscal General del Estado y Contralor. También se le encarga la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y miembros de los Consejos Nacionales de Igualdad.

La selección de autoridades del Estado se hace a través de comisiones ciudadanas de selección que están conformadas por 10 integrantes. Cinco representantes son de la sociedad civil y cinco de las funciones del Estado. Entre el 2012 y 2017, el Cpccs pagó al menos USD 453 209 por diferentes rubros para la selección de autoridades.

Los contratos están en el portal del Servicio de Contratación Pública. Este año se pagó 61 647 por el arrendamiento de una oficina, durante siete meses. Y está por adjudicarse un convenio por 30 666, para una auditoría informática. La oficina es para que los equipos de apoyo y las comisiones de selección se reúnan.

La comisión que se encargó de seleccionar a los consejeros de igualdad ya ocupó ese inmueble ubicado en el norte de Quito. Ellos trabajaron tres días a la semana, durante cinco de los ocho meses que estuvieron en funciones, indicó la presidenta de la Comisión seleccionadora, Norma Quiñónez. Los comisionados reciben una remuneración económica por su labor. En el artículo 45 del Reglamento de las Comisiones Ciudadanas de Selección se establece una compensación por dietas.

Por cada día de trabajo recibirán el 3,3% de la remuneración mensual unificada que percibe un consejero del Cpccs; es decir, cerca de 165 por sesión asistida. Quiñónez dijo que tuvo ingresos de 3 000. El monto es similar al que recibieron durante cinco meses los comisionados a cargo de seleccionar a Carlos Pólit.

La presidenta de la Comisión, Rosa Vélez, sostuvo que con ese dinero pagaban principalmente su hospedaje y la alimentación. Fernando Gándara, presidente de la comisión para escoger al Fiscal, comentó que los ingresos fueron de cerca de 2 000 durante tres meses. El dinero sale del presupuesto del Consejo de Participación, en el caso de los representantes de la sociedad civil y movimientos sociales.

En cambio, los delegados de las funciones del Estado reciben la remuneración habitual en cada institución en la que laboran. Uno de los ítems en que más se suele invertir es en la contratación de auditorías informáticas para los procesos tecnológicos que se usan en las designaciones. Por ejemplo, en el 2016 se pagó 46 000 para contratar este servicio en los procesos de la primera renovación del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo y el titular de la Contraloría General del Estado.

En el 2015, se contrató una campaña para la difusión de los procesos de designación de autoridades por 171 428. En el 2012 hay gastos de alimentación y hospedaje a favor de las personas que hicieron las preguntas para los concursos de ese año. Está previsto que esta semana se reinstale la sesión de la Comisión de Fiscalización para que González hable sobre la lucha contra la corrupción que ha hecho el Cpccs.

El Consejo continuará con sus actividades. Asambleístas de oposición como Anita Galarza y Paola Vintimilla consideran que el trabajo de la Cpccs ha sido estéril y que el organismo debería eliminarse.

Fuente: El Comercio