Los Fiscales de seis países de la región se comprometieron a establecer un equipo de investigadores para tratar a nivel regional el hecho.
Uno de los apresados dentro de este caso es Luis Chiriboga, que al momento de su captura figuraba como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Alejandro Burzaco, empresario argentino, acusado por la Fiscalía de Estados Unidos de sobornos, compra de derechos de televisión y tráfico de influencias en los torneos internacionales, involucró a Chiriboga en su declaración y a otros directivos y funcionarios de la Conmebol y Concacaf.
El 7 de marzo, Luis Chiriboga, después de 18 años de presidencia, renunció a su cargo como titular de la FEF. Desde su residencia, en donde cumple arresto domiciliario, anunció la decisión. Iniciadas las investigaciones, la Fiscalía determinó que un total de 16 millones de dólares no habían sido justificados legalmente por la organización de fútbol.
El 9 de mayo la jueza de Garantías Penales de Pichincha, Ana Lucía Cevallos, dictó orden de llamamiento a juicio para Luis Chiriboga por el delito de lavado de activos. Además, se ordenó la incautación de un vehículo de alta gama del 2012 y un departamento ubicado en la urbanización Villa Regina, al norte de Quito.
Una vez iniciado el juicio en contra de Chiriboga, la fiscal Diana Salazar lo acusó de lavado de activos, evasión tributaria y hacer maniobras para esconder sus ingresos. Tanto así que pidió la pena máxima para el expresidente de la FEF y para Hugo Mora, extesorero del organismo deportivo. Para Pedro Vera, excontador de la FEF, Salazar solicitó que se lo declare culpable de lavado en calidad de cómplice.
Finalmente la jueza Miriam Escobar condenó a Chiriboga a 10 años de cárcel. La pena se fijó luego de que los jueces comprobaran su culpabilidad en el lavado de 6,1 millones de dólares durante su gestión al frente de la Ecuafútbol. La sentencia detalla que el dinero que no fue justificado corresponde a transacciones por la suscripción de contratos con las empresas Cross Traiding, Sport TV y el Grupo Full Play, firmas a las que se les entregó los derechos de transmisión de los partidos de la Selección. La investigación fiscal también menciona otros rubros que fueron derivados de la Conmebol como donaciones que no se han justificado. Su abogado Juan Machuca, rechazó la sentencia y la calificó como injusta.
Vinicio Luna, ex coordinador de selecciones de la Federación Ecuatoriana, también involucrado en el caso y acusado por un supuesto lavado de activos, recibió una sentencia de un año de cárcel tras haber reconocido los hechos y el 5 de diciembre salió en libertad, tras cumplir su condena.
