El femicidio de María Belén Bernal ha puesto evidencia, y en duda, los valores institucionales de la Policía Nacional y del Gobierno. Frente a esta crisis, la principal medida tomada por el presidente Guillermo Lasso fue disponer la separación de los generales Freddy Goyes y Giovanni Ponce y pidió a todo el mando policial poner a disposición sus cargos. Entre tanto, Fausto Salinas seguirá presidiendo como comandante general de la Policía hasta cumplir su plazo para localizar a Germán Cáceres, esposo y presunto asesino.
📢 Estamos #AlAire en #NotimundoEstelar con @RamiroRiveraEc, analista político, para dialogar sobre la crisis en la Policía Nacional ¿cuál es el camino que deberá adoptar el Gobierno?
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— NotiMundo (@notimundoec) September 27, 2022
Asimismo, se dispuso la destitución del ministro del Interior, Patricio Carrillo, una de medida “no muy acertada” ya que estaba “perfectamente” capacitado en materia de seguridad, según Rivera. El problema, según aludió, radica en que fue declarado como principal enemigo por el radicalismo de Leónidas Iza, el correísmo y las bandas del narcotráfico. Sin embargo, precisó que estas decisiones no tendrán efecto si no se trabaja en reinstitucionalizar a las instituciones de fuerza pública.
Rivera manifestó que este es un problema presente desde hace décadas. “La policía no tiene un nivel de transparencia y no garantiza la seguridad de los ciudadanos”, acotó. Es por esta razón que el Gobierno debería ejercer un control cívico en las instituciones de fuerza pública y fortalecer los órganos de seguridad del Estado. “Esta es una oportunidad para que la Policía Nacional se regenere”, añadió.
Sobre el caso específico de María Belén Bernal, “que nos duele a todos los ecuatorianos”, Rivera indicó que es evidente que existen irregularidades, errores, omisiones y complicidades, “por algo el señor Patricio Carrillo y el presidente pidieron disculpas”. No obstante, puntualizó que este es el motivo por el cual que es necesario reforzar el sistema de profesionalidad, los contenidos éticos y democráticos de los órganos de control para combatir la inseguridad, un tema “que es absolutamente sentido por toda la ciudadanía”.
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