Moisés Tacle, asambleísta por la Alianza Partido Social Cristiano–Madera de Guerrero; Marcela Aguiñaga, segunda Vicepresidenta de la Asamblea; y Alberto Acosta Burneo, analista económico, en el análisis semanal de Más Allá de los Hechos con Estéfani Espín, se refirieron a la propuesta de pago a servidores públicos con dinero electrónico.

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En este sentido, Moisés Tacle señaló que utilizar el dinero electrónico es un acto voluntario y nadie puede obligar a usarlo. Por ello, afirmó que desde la oposición votaron en dos ocasiones en contra de esta propuesta. La primera cuando se aprobó su creación en el Código Monetario y, la segunda, cuando se dispuso su ejecución en la Ley Solidaria. «Nuestra posición siempre ha sido opuesta a la existencia de este mecanismo», dijo.

Tacle señaló que el dinero electrónico tiene dos fallas garrafales. Primero, no genera la seguridad jurídica de que esté plenamente respaldado con  dinero físico, y segundo, porque el sistema está manejado por el Banco Central del Ecuador (BCE), que es una especie de agencia financiera de las necesidades del Gobierno Nacional. «En cualquier parte del mundo donde aplica este sistema se lo hace a través de la banca privada», dijo.

Asimismo, el legislador indicó que en estas circunstancias es difícil que la ciudadanía tenga confianza en el sistema, cuando el Banco Central no es transparente con la información que por Ley le corresponde entregar y se desconoce, incluso, el monto de la deuda externa y las condiciones en las que se ha contraído. «Lo que se debería hacer es una campaña de difusión bastante adecuada para disipar cualquier elemento de desconfianza que tenga el ciudadano», dijo el asambleísta.

De su lado, Marcela Aguiñaga afirmó que varios legisladores de Alianza País, en la misma lógica de lo que aprobaron en la Ley de Solidaridad, han enviado una carta a la Presidencia de la Asamblea Nacional expresando su voluntad de recibir el salario en dinero electrónico. Esto porque «las cuentas de dinero electrónico, como lo ha manifestado el Presidente del Directorio del Banco Central, están debidamente respaldadas. Desde nuestra cuenta podemos realizar varios pagos (servicios básicos, impuestos) sin ningún problema», destacó.

La legisladora insistió, además, que el respaldo del dinero electrónico lo exige el Código Monetario y la Ley de Solidaridad en su disposición Transitoria. «Yo creo que ante eso no hay duda. Es una plataforma que no hay que temerla y hay que usarla porque genera beneficios directos a la ciudadanía como el descuento de 4 puntos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) -paga solo 10 %-«, dijo la asambleísta, quien acotó que no se puede comparar este sistema con una tarjeta de crédito o tarjeta de débito.

Mientras tanto, Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, indicó que el riesgo del manejo del dinero electrónico por parte del Banco Central está en el respaldo porque esta entidad ha registrado tres meses consecutivos de insuficiencia para respaldar el encaje bancario. «No se diga para poner un cargo adicional. Entonces en la práctica no existiría ese respaldo uno a uno que habla el Gobierno», afirmó.

Dijo también que el Banco Central no capta recursos para  prestarlos a terceros, y su función en la actualidad es permitir que exista comunicación entre todos los actores del sistema financiero. Sin embargo, lo que se está haciendo al entregarle el manejo del dinero electrónico es desnaturalizar su función porque captará recursos de la ciudadanía y los mismos serán prestados, según el Código Monetario y Financiero, al sector público por considerarlos excedentes de liquidez.

«Eso servirá para financiar el déficit fiscal. Eso se ha hecho hasta ahora con la reservas internacionales, de las cuales tomó 2 500 millones dólares», acotó el analista, quien informó que si el objetivo es impulsar el uso del dinero electrónico se debe crear confianza dejando su manejo en manos de las entidades que la ciudadanía tiene confianza como bancos privados y cooperativas. «El éxito de este sistema a nivel internacional es porque es visto como un medio de pago, equivalente a una tarjeta de débito o crédito”, reiteró.