Al menos 20 agresiones a profesionales de la comunicación se han registrado durante el último mes en Ecuador, según un reporte de la organización Periodistas sin Cadenas. Amenazas, intimidaciones y hasta agresiones físicas son formas en que la violencia en el país encarna al nuevo blanco del crimen organizado.

En Más Allá de los Hechos, César Ricaurte, director de Fundamedios, explicó que las amenazas y atentados en contra de periodistas se han incrementado desde hace un año en el país, no solo en las principales ciudades, sino en otras medianas y pequeñas donde ejercer la labor informativa representa un alto riesgo. En 2022, se han registrado 3 muertes violentas de periodistas en circunstancias que aún no están claras, además de 200 agresiones registradas por parte de la organización.

Recordó que uno de los casos más recientes fue la incineración del auto de un periodista en Guaranda, provincia de Bolívar, cuando un desconocido ingresó a su domicilio y perpetró el atentado. Asimismo, otra noticia que alertó al gremio y a la sociedad fue el ataque que sufrieron las instalaciones del medio de comunicación RTS en Guayaquil, cuando se registraron disparos hacia la puerta y se dejaron panfletos con amenazas a Diario Extra y sus distribuidores en algunas ciudades del país.

Ante este panorama, Ricaurte mencionó que se ha solicitado a las autoridades que se active el mecanismo de protección creado durante la administración del expresidente Lenín Moreno, a raíz del secuestro y posterior ejecución del equipo periodístico de Diario El Comercio, en 2018. Aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE), que es la encargada de ejecutar dicho mecanismo, no ha llevado las investigaciones con la debida diligencia para garantizar la seguridad de los trabajadores de la comunicación.

No obstante, reconoció que a partir del ataque a RTS y amenazas a Diario Extra se activó una mesa de trabajo el pasado 7 y 8 de octubre, donde se logró que la FGE admita a 5 periodistas en el programa de testigos protegidos. Además, destacó que la Policía Nacional ha reforzado los patrullajes en los alrededores de las sedes de los medios de comunicación, y que la Presidencia de la República se comprometió a llevar adelante las reformas legales para permitir la reactivación del comité para protección de periodistas.

Para Christian Zurita, periodista de investigación, el gremio tiene «enormes desafíos» para enfrentar la cultura anti-democracia que se ha avivado en el país. «Cuando existen estas condicionantes ideológicas que enfrentan a la democracia, el periodismo está en primera línea», apuntó, haciendo referencia a que los trabajadores de la comunicación siempre serán los primeros en recibir ataques desde distintos sectores de la sociedad.

Esto, a su criterio, queda evidenciado mediante la campaña que se ha gestado desde las redes sociales en contra de los periodistas, con desacreditaciones a su labor a través de calificativos como «prensa basura». Además, consideró que el crimen organizado ha creado nuevos condicionamientos en la ciudadanía y que se reflejan también en la prensa, lo que complica el panorama para el ejercicio de su trabajo.

Zurita recordó que la naturaleza del periodismo siembre busca romper las condiciones establecidas de seguridad, pues el acceso a las fuentes es primordial para la labor informativa. La función del Estado, añadió, es generar las vías para que tragedias como la ocurrida al equipo de El Comercio no se vuelvan a repetir. Sin embargo, enfatizó en que «el Estado no nos va a garantizar nada», por lo que es necesario que los medios de comunicación constituyan protocolos de seguridad.

Informó que al momento enfrenta 3 juicios planteados por el asambleísta del correísmo Ronny Aleaga, debido a las publicaciones donde se lo vincula con figuras como Leandro Norero, involucrado en narcotráfico y financiamiento de bandas criminales y que fue asesinado el 3 de octubre en la cárcel de Cotopaxi. «Ese tipo de denuncias, que vienen también desde la política, son las que tenemos que enfrentar y que aparentemente se relacionan con las condiciones de la narcopolítica«, sostuvo. Por ello, hizo un llamado a fortalecer las redes solidarias entre comunicadores, pues es común que en el país se escuchen frases como que «no queremos parecernos a México», por los niveles de violencia que allí se registran, pero «la realidad es que ahora nadie quiere parecerse al Ecuador».

De su lado, José Hernández, director del portal 4Pelagatos, expresó que para entender este fenómeno se debe tomar en cuenta el momento que vive el país, con el fin de determinar el procedimiento que se debe tener en las actuaciones. Aseguró que es «un mito» la idea de que el Estado va a brindar seguridad para este sector, por lo que compartió la idea de Zurita sobre establecer protocolos de seguridad interna, pero, además, prestar atención al enfoque que se da a las publicaciones. «No todas las notas producen muertos; si se informa de la guerra entre carteles y se dan nombres de quién está matando a quién, hay que preguntarse: ¿en qué beneficia eso a la sociedad?», señaló.

Hernández explicó que se debe balancear el eje que se quiere informar, y no ponerse en el papel de «héroes» al revelar información delicada, que se puede considerar como una «invitación a que les hagan daño». Por el contrario, añadió, se debe dar contexto con información sobre, por ejemplo, las víctimas de un asesinato y humanizar la noticia, para no solamente «contar los muertos».

Hizo hincapié en que la cobertura de temas como el narcotráfico, como otras guerras, «debe terminar siendo anónimo», pues hay grupos que no escatimarán esfuerzos para silenciar las voces que consideren opositoras a su modelo de negocio. «En este oficio no necesitamos mártires, sino periodistas que investiguen y puedan mantenerse vivos», puntualizó.

Finalmente, Ricardo Rivas, hermano de Paúl (+) de Diario El Comercio, criticó que durante el Gobierno de Lenín Moreno se prometió por siete ocasiones la desclasificación de la información en torno al asesinato del equipo periodístico, mientras que el presidente Guillermo Lasso lo ha hecho por tres veces, pero hasta el momento no se ha dado paso a la misma. Esto, dijo, genera cuestionamientos sobre a quién se quiere tapar o qué datos se quieren ocultar.

Lamentó que estas acciones contribuyan a la impunidad en el país, que perpetúa la violencia y las agresiones contra los medios de comunicación, «donde todo el mundo se cree con derecho a violentar, pues no hay leyes que puedan poner un alto a este imaginario».

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