Cuando una persona ha sido encarcelada, pierde el derecho a su libertad, pero mantiene otros que deben ser respetados y garantizados. Así lo explicó Jorge Núñez, catedrático de antropología en la Universidad de Amsterdam y codirector del Observatorio de Prisiones 593.
En NotiMundo al Día, indicó que estas medidas no deberían ser tomadas de cara al público, sino teniendo en cuenta la responsabilidad que tiene cada Estado para garantizar la vida de los reos que están en su territorio.
A su criterio, la vía del decreto ha sido utilizada por este y los gobiernos que le precedieron, para dar anuncios que deberían tener un sustento técnico y legal, pues hasta el momento no se conoce cómo procederán países como Colombia, Perú o Venezuela, una vez que el Gobierno ecuatoriano saque de su territorio a los reos.
«El Gobierno debería dejar de hacer lo que hizo Lasso, tener a los decretos como propaganda de que se están haciendo las cosas», agregó.
Núñez consideró que la solución a la crisis carcelaria en Ecuador va más allá de sacar presos extranjeros y pasa por políticas concretas para reformar el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), que ha sido cómplice en varias ocasiones de las acciones irregulares que suceden al interior de las prisiones en el país.
Finalmente, indicó que se deberían plantear acciones complementarias al estado de excepción, pues las Fuerzas Armadas no pueden permanecer al interior de las cárceles para garantizar su control. Reveló, además, que en el Observatorio de Prisiones 593 registran al menos 3 denuncias diarias de violaciones a los derechos humanos y de tortura, por parte de las fuerzas del orden.
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