En Notimundo al Día, José Moreno, presidente del Consejo de Defensores de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo, lamentó que apenas 8 o 15 días después del operativo ‘Manatí’, donde se decomisaron al menos 124 retroexcavadoras dedicadas a la minería ilegal en la comunidad de Yutzupino, en Napo, las labores de extracción se reanudaron sin ningún control.
La suspensión de los trabajos, decretada por el Ministerio de Energía y Minas «nunca se cumplió», según Moreno, ni tampoco que las autoridades de la Agencia de Regulación y Control de Energía se encarguen de mitigar los daños generados en el ambiente. Sin embargo, lo que más llama la atención es que en los recorridos realizados por colectivos que defienden los derechos de la naturaleza se haya constatado que maquinaria de la Prefectura de Napo esté realizando la ampliación y nivelación del ingreso a un frente minero ilegal.
Denunció, además, que la gabarra que pertenece a la Prefectura se ha prestado para transportar la maquinaria de los mineros, así como para abastecimiento de combustible. «No hemos tenido ninguna respuesta de la prefecta Rita Tunay«, lamentó Moreno. Asimismo, informó que hace 20 días se hizo una inspección en uno de los sectores conflictivos aledaños a Yutzupino, donde se constató la presencia de al menos 50 excavadoras que operan en el río Huambuno, que ya presentaría graves daños ocasionados por la minería.
Moreno manifestó que existe una ausencia total de las autoridades locales y nacionales en los controles a estos trabajos, por lo que insistió en que «la minería ilegal en Napo no se puede dar si no hay complicidad de las autoridades». Aseguró que «no es un secreto» que diversos funcionarios participan del «festín minero«, pues desde varios colectivos se ha alertado sobre esta práctica. «Esperamos a ver si después de esta entrevista las autoridades justifiquen, al menos, el por qué», apuntó.
Enfatizó en que algunos alcaldes de la provincia son dueños de concesiones mineras, mientras que en otros casos son accionistas. Con estas prácticas, explicó, en 24 horas de trabajo se extraen entre 1.000 y 1.500 gramos de oro, de los cuales se pagarían USD 120 por máquina a los presidentes de las comunidades, mientras 250 gramos se darían a los dueños de las fincas.
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