Ecuador atraviesa por diversas crisis que generan preocupación en los sectores productivos y también en la población. El proceso de juicio político que se lleva adelante en la Asamblea Nacional, y que podría terminar con la destitución del presidente Guillermo Lasso, genera aún más incertidumbre por la inestabilidad que ello podría traer. En Decisiones con Jorge Ortiz, tres exministros de Estado consideraron que, si bien existen varias complicaciones en el Gobierno, la caída del mismo podría traer una situación aún más convulsa para el país.

En Decisiones con Jorge Ortiz, la exministra del Interior, María Paula Romo, aseguró que Ecuador no está del todo perdido y que existen oportunidades de recuperación en los distintos ámbitos que actualmente están en crisis, como la gobernabilidad y la seguridad. No obstante, se requieren acciones y una toma de decisiones urgente para devolver la tranquilidad a la población.

Uno de los cambios fundamentales que propuso Romo es la relación que debe tener la economía y la política nacional, pues hay varios frentes en los que el Gobierno ha anunciado medidas para afrontar la situación, pero por otra parte «parecería que la economía se maneja sola». «Es muy difícil esta discusión separada que tenemos, pues la discusión de fondo es de qué se encarga el Estado y cómo se financian esos proyectos», apuntó.

Además, indicó que es si bien es necesario poner énfasis en lo que sucede en la Justicia, hay que reconocer que mientras existan fuerzas políticas que tienen un apoyo importante, «que boicotea a los gobiernos que no son suyos» la dificultad para cualquier gobernante de turno va a persistir.

Para el excanciller de la República, Benjamín Ortiz, el país ha superado varias etapas de «descomposición» en su historia, pero los ha superado todos. Sin embargo, aclaró que el crítico momento por el que atraviesan las distintas funciones del Estado no dejan ver un panorama alentador para la ciudadanía.

En este punto se refirió al Poder Judicial y las polémicas decisiones de sus operadores, respecto de la liberación o medidas en favor de delincuentes procesados o sentenciados por distintos crímenes. «Cuando no hay fiabilidad en los jueces, no puede existir una sociedad que funcione armónicamente», aseveró.

Frente a la falta de liderazgo de la clase política, insistió en la necesidad de que aparezcan nuevos cuadros comandados por gente joven que «salga de sus egoísmos» y se involucre en las decisiones trascendentales del país, pues, caso contrario, no habrá futuro para el Ecuador.

Señaló que es imprescindible que la organización surja desde todos los estamentos sociales, para que quienes están preparados para dirigir y liderar cualquier proceso de cambio tengan la legitimidad y respaldo para poder hacerlo. Por otra parte, lamentó que existan fuerzas, como el correísmo, que aún mantiene su intento por «apoderarse de todos los organismos de control», aunque eso signifique el declive de la institucionalidad ecuatoriana y del Estado de Derecho.

De su lado, el exministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, recordó que la crisis en diversos ámbitos no es ajena a lo que sucede en la región y el mundo, y que los ejemplos de quienes están por buen camino «son la minoría».

Sin embargo, reconoció que el cambio que requiere el país no pasa necesariamente por un reemplazo de autoridades, sino en la búsqueda de consensos entre distintos sectores sociales y la toma adecuada de decisiones. «En la medida en que no podamos aglutinar posiciones distintas, va a ser muy complicado que el país avance; probablemente Ecuador no desaparezca, pero nos vamos a ir rezagando del mundo», acotó.

Para pasar la página de la inestabilidad que se respira en el ambiente, Pozo afirmó que es fundamental que el presidente Guillermo Lasso empiece a tomar decisiones claras, como la búsqueda de alianzas políticas de la mano de su ministro de Gobierno, Henry Cucalón, para que en el tiempo que le resta de mandato pueda llevar a cabo sus planes.

Así mismo, una lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico podría ser aprovechado con la incorporación de Wagner Bravo y Paco Moncayo, como secretario de Seguridad Pública y del Estado, y consejero de Seguridad del Gobierno, respectivamente.

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