El pasado 29 de septiembre, con nueve votos, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 25 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria del COVID-19; normativa vigente desde junio del 2020.
En ese articulado se establecía: “los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del COVID-19 con un contrato ocasional o nombramiento provisional en cualquier cargo en algún centro de atención sanitaria de la Red Integral Pública de Salud (RIPS) y sus respectivas redes complementarias, previo el concurso de méritos y oposición, se los declarará ganadores del respectivo concurso público, y en consecuencia se procederá con el otorgamiento inmediato del nombramiento definitivo”.
En NotiMundo a la Carta, Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, manifestó que la declaratoria de inconstitucionalidad al artículo 25 de la Ley Humanitaria, por parte de la Corte Constitucional, evidencia un maltrato por parte del Estado a los profesionales de la salud.
Denunció que se debe realizar una investigación respecto a que se han otorgado nombramientos a funcionarios del personal administrativo que no laboraron durante la pandemia y puntualizó que, pese a que determinar el número de médicos que colaboró en el pico epidemiológico va a ser complicado, el Estado debe garantizar gestiones para que esto se dé en cumplimiento de los derechos y en gratitud a los esfuerzos otorgados durante la emergencia sanitaria.
Rechazó el fallo de la Corte y dijo que la política nacional ha cambiado las garantías al sector reiteradamente; por lo que dijo que delante de las entidades deben existir personas “probas y de palabra” que reconozcan los esfuerzos de todos los profesionales del país.
Aseguró que realizarán una gestión para que la Corte Constitucional responde por qué declaró la inconstitucionalidad ante “todo lo que estamos viviendo”.
Mira la entrevista aquí:
