Fernando Villavicencio acudió al gobierno de Perú en búsqueda de asilo político. Su esposa Verónica, asegura que todos los documentos entregados a las autoridades competentes prueban que Villavicencio es un perseguido político. “Ni siquiera hay presunción”, indicó, “Él ES un perseguido político”.
Entre las constancias del archivo, el allanamiento del que fue objeto la familia Villavicencio es el evento que Verónica describe como “lo más duro que nos ha tocado pasar como familia”. A ello le suma una deuda por $47 000 para pagar la indemnización y la orden de detención para Fernando Villavicencio.
El desenlace de este escenario: Una familia dividida; prueba que “en este país no tenemos garantías de seguridad para la vida de Fernando” y de una justicia monopolizada, mencionó Verónica Sarauz.
