En un hecho pocas veces visto en la historia del país, los fiscales entraron en la Casa Presidencial para decomisar documentación, ordenadores y aparatos electrónicos de los funcionarios que trabajaban en un equipo de análisis de datos, que según el gobierno se dedicaban a cruzar información no sensible para la generación de políticas públicas.
La entidad confirmó que en el expediente figuran como investigadas ocho personas, entre ellas el presidente Carlos Alvarado y su ministro de la Presidencia, Víctor Morales. También son investigados otros seis funcionarios de gobierno.
Polémico decreto fue derogado La investigación pretende determinar si el equipo de análisis de datos de la Casa Presidencial, que opera desde hace 18 meses, accedió a datos sensibles de la población sin ningún respaldo legal y con conocimiento del presidente. El caso salió a la luz la semana pasada cuando los medios de comunicación informaron acerca de un decreto publicado el 17 de febrero de 2020 en el que el Gobierno creaba la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
El decreto, derogado por Alvarado el 21 de febrero en medio de una lluvia de críticas, indicaba que «las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos».
Fuente: El Telégrafo, nota original: LINK
