Pablo Encalada, abogado penalista, manifestó que el Gobierno deberá asegurar a la comunidad internacional que el impedimento de aterrizaje ordenado por la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, no quedará en la impunidad. La Fiscalía la investiga por el delito de obstaculización de ayuda humanitaria en tiempos de guerra.

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La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, reconoció que ordenó irrumpir con vehículos municipales la pista del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo para impedir que un vuelo procedente de España aterrizara en la ciudad. La funcionaria dio las declaraciones a través de una rueda de prensa virtual la tarde de este miércoles y antes de que se conociera que la Fiscalía investigaría lo ocurrido.

La diplomacia española manifestó su malestar ante lo decidido por Viteri y anunció que la operación era propiciada por el Gobierno de España con la finalidad de que un centenar de ciudadanos pudieran salir de Ecuador ante la propagación del COVID – 19 y las medidas de restricción anunciadas por el COE Nacional.

En NotiMundo Estelar, Pablo Encalada, abogado penalista, manifestó que el hecho tendrá consecuencias penales para Viteri y bilaterales para Ecuador. También recomendó que el Gobierno deberá asegurar a la comunidad internacional que el caso no quedará en la impunidad.

Encalada explicó que la Fiscalía investiga a Viteri por un delito de obstaculización de tareas humanitarias y agregó que, a su criterio, es un delito de obstaculización de servicio público. También dijo que la justicia deberá determinar el grado de responsabilidad penal que tuvo la funcionaria, pese a que ella se responsabilizó del hecho. En ese marco, manifestó que la Constitución reconoce a todas las personas el exclusivo derecho de no auto incriminarse.

El penalista aclaró que pese a que el estado de emergencia es un estado excepcional no existe ningún argumento de descargo para el impedimento de aterrizaje de la aeronave. Añadió que la decisión de Viteri puso en riesgo la vida de los tripulantes de la aeronave y especificó que podría enfrentar de 10 a 13 años de prisión.

 

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