La presidenta de la comisión de Fiscalización, Johanna Cedeño, pedirá aplazar el informe del caso 'Arroz Verde'; por otro lado, rechazó las medidas cautelares planteadas por José Tuárez, para frenar el juicio político en su contra.

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La Comisión de Fiscalización analiza a integrantes del CPCCS Crédito: Twitter Johanna Cedeño.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea pedirá una prórroga de 20 días para presentar un informe sobre el caso Arroz Verde, denominado por la Fiscalía como Sobornos, que se relaciona con supuestos aportes irregulares a Alianza País (AP).

El plazo vencía el 1 de agosto, pero Johanna Cedeño, presidenta de la Comisión, adujo que no será factible concluir con esa tarea debido a los tiempos legales que se tienen para sustanciar el juicio político en contra de la mayoría de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Cedeño explicó que para la prórroga no deberán tomarse en cuenta los 15 días de la vacancia legislativa, que arrancará el 12 de agosto próximo.

La Presidenta informó que, como parte de este proceso, la Comisión de Fiscalización sesionará en Guayaquil, a las 16:00 de este miércoles.


Allí tiene planificado recibir las versiones sobre el caso Arroz Verde por parte del exasambleísta Cristian Viteri, los exprefectos Mariano Zambrano, de Manabí, y Marco Troya, de Los Ríos. También del exasesor Gustavo Bucaram.

De otro lado, Cedeño rechazó las medidas cautelares planteadas ante un juez de Ibarra por el presidente del Cpccs, José Tuárez, para frenar el juicio político en su contra.

“Creo que sería gravísimo que un juez, en primer lugar atente contra la independencia de poderes (…). Si es que fuera el caso, yo creo que la Asamblea se reservará también el derecho de seguir las acciones legales y políticas correspondientes”, advirtió.

Cedeño informó que la Comisión convocará a Tuárez, y a los consejeros Victoria Desintonio, Rosa Chalá y Walter Gómez, para que el próximo lunes presenten sus pruebas de descargo, como parte del trámite del juicio político por supuesto incumplimiento de funciones.

Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK