La crisis carcelaria pone nuevamente en jaque al Gobierno Nacional. En Notimundo Estelar, Patricio Carrillo, ministro del Interior, aseguró que los problemas por los que atraviesa Ecuador en materia de seguridad responden a causas estructurales, por lo que considera necesaria la articulación estatal para enfrentar el imparable fenómeno de la violencia criminal, caso contrario habrá que mirar cómo evoluciona la alarmante situación, expresó.

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Carrillo aclaró que al hablar de este problema como una razón de Estado, no pretende deslindar la responsabilidad de la cartera que preside, pero sí enfatizó en que todas las instituciones, del poder ejecutivo, legislativo y judicial, deben trabajar de manera conjunta para contener la escalada de violencia al interior y exterior de los centros penitenciarios.

«Tenemos un problema con el sistema de justicia, que debe tener una independencia, pero hay casos de una discrecionalidad que pone en riesgo la seguridad de muchas personas”, expresó el Ministro del Interior, en referencia al abuso de las garantías jurisdiccionales que se ha evidenciado desde semanas atrás, con el otorgamiento indiscriminado de medidas como el habeas corpus.

De igual forma, Carrillo reconoció que la política de aislamiento en lugar de una verdadera rehabilitación social está pasando factura al Gobierno, pues generaron problemas que «no son fáciles de corregir». «Estos hechos irracionales que debemos estudiarlos desde la causalidad, donde encontramos problemas acumulados», apuntó Carrillo y añadió que durante esta administración gubernamental se ha puesto énfasis en cambiar esta realidad.

Anunció que se invitará a un concurso para que quienes tengan la voluntad de dirigir el sistema penitenciario por medio de acciones que «nos saquen de este abismo, bienvenidos».

Finalmente, el Ministro anunció todavía se encuentran en el proceso de recaptura de 20 de los 220 reos que se fugaron durante el amotinamiento en la cárcel de Santo Domingo, por lo que se ofreció una recompensa de hasta USD 5.000 a quienes entreguen información verificada que pueda conducir a los privados de libertad.

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