Fue citado a esa hora para que ampliara su versión de los hechos. Pero debido a un viaje fuera del país, no se presentó. En cambio, los familiares del periodista Javier Ortega y del fotógrafo Paúl Rivas estuvieron puntuales en la dependencia.
Tras la diligencia fallida decidieron esperar la siguiente comparecencia. A las 11:00 estaba citado Julio Miño, de la Dirección General de Inteligencia. A escasos minutos de la hora señaladas ingresaron a la Fiscalía funcionarios del departamento jurídico de la Policía. Esta vez los familiares sí pudieron participar en la versión del oficial.
A las 14:00 y a las 15:30 se programaron otras dos versiones, pero los oficiales no llegaron. “En esto se resume el trabajo de la Fiscalía: tomar versiones y volver a citar a los que no se presentan”, criticó Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo. Él está convencido de que el mayor avance en la investigación lo han liderado la familia, los periodistas, el Equipo de Seguimiento de la CIHD, y las autoridades de Colombia.
“De la Fiscalía solo tenemos un caso que sigue en indagación previa”, como también se denomina la fase de reserva, agregó el allegado. Legalmente, la Fiscalía se encuentra dentro del plazo establecido por el Código Penal para indagar el secuestro del equipo de prensa de este Diario, detalla el artículo 417.
Sin embargo, un año después del crimen, las familias esperan conocer la verdad completa y que los documentos de la operación de rescate se desclasifiquen, como lo anunció el Gobierno en abril pasado. “Ya no creo en ninguna promesa”, dijo Galo Ortega, padre del periodista. Su única esperanza es que el caso no se diluya, entre los cientos de expedientes que tiene la Fiscalía. Los allegados anunciaron este lunes que en los próximos días enviarán cartas a organismos internacionales.
Su propósito es recibir el apoyo de alguna institución extranjera para que el caso siga vigente y se identifique a todos los responsables directos e indirectos. En la Fiscalía, además de las versiones, los agentes han ordenado pericias de voces, análisis de computadoras y teléfonos; reporte de llamadas; asistencias penales a Colombia, etc.
La Fiscalía ha recogido las versiones de testigos, periodistas que estuvieron en San Lorenzo y más personas. Pese a todo este trabajo, las familias saben que alias ‘Guacho’, quien habría ordenado el secuestro y asesinato de sus seres queridos, no podrá ser procesado.
Con su muerte, a manos de las fuerzas armadas colombianas, se extinguió la posibilidad de que cumpla una condena y revele lo que pasó.
Fuente: El Comercio- Nota original- LINK
