En Más Allá de los Hechos, Héctor Rodríguez, exgerente de Yachay, defendió su gestión y aseguró que dentro de esta, una de las cuatro universidades emblemáticas del correísmo, siempre se actuó en apego a la Ley. Frente a algunos cuestionamientos, como el que apuntaba a que ciertas edificaciones presentaban fallas estructurales, explicó que se realizaron tres peritajes con ensayos de laboratorio y se determinó que los edificios podían continuar funcionando.
Asimismo, Rodríguez negó que se haya hecho una inversión que supere los USD 1.000 millones, como se anunció desde el Gobierno al momento de iniciar el proyecto, sino que el monto invertido desde su construcción hasta la fecha, no supera los USD 320 millones. De igual forma, desmintió que durante la ejecución de las obras se haya subcontratado de forma fraudulenta a empresas locales, sino que precisó que en proyectos de esta magnitud es necesario el soporte de empresas locales, las cuales fueron contratadas en el marco de la ley y la normativa legal vigente.
Frente a las 83 glosas que se han emitido por la Contraloría General del Estado, de las cuales cinco pesan en su contra, aseguró que se ha entregado toda la documentación de descargo para probar que sus actuaciones siempre fueron transparentes. Expresó que durante estos años ha permanecido en el país para demostrar que se procedió de forma transparente, y añadió que las glosas “son comentarios sujetos a contrastación”. Respecto a la glosa por USD 31 millones, por suspensión de trabajo y cambio de diseño de fachada, sin sustento ni estudios previos, negó que se haya procedido de forma irregular y afirmó que “se respetaron los diseños iniciales”.
Al referirse al informe emitido por la asambleísta Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, sobre numerosas irregularidades en torno a esta obra, indicó que en esa mesa legislativa “hay ignorancia, mala fe y falta de experticia”.
.@hrodriguez_: «Se me acusa de actos delictivos que yo no he cometido.» #Yachay #MásAlláDeLosHechos
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Por su parte, Ana Belén Cordero, explicó que dicho informe se elaboró en junio de 2021 luego de una investigación que se realizó por encontrar irregularidades en temas de contratación y financiamiento. Criticó que los créditos que fueron utilizados para la construcción de esta, y otras cuatro universidades emblemáticas del país, no se reflejan en el Ministerio de Finanzas, “pues nunca llegaron”.
Adelantó que la segunda parte del informe será conocido por la Comisión de Fiscalización en las próximas semanas y se profundizarán las investigaciones, pues asegura que parte del pago de los créditos desembolsados por China se lo hacía con el petróleo del país. Recordó también que hasta la fecha existen varios afectados, producto de las expropiaciones que se realizaron para la construcción de la obra. “Hay tierras fértiles que están abandonadas, dentro de 1.500 hectáreas productivas”, señaló. Por estos motivos, considera que Yachay es un proyecto fallido, “aunque la intención era buena”.
.@abcorderoc: «Yo, a título personal, entregué mi informe de fiscalización a las autoridades y producto de eso ya tenemos indagaciones previas abiertas.» #Yachay #MásAlláDeLosHechos
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De su lado, Paulina Araujo, abogada penalista, explicó que la cantidad de los montos es subjetiva, pues en Ecuador la mínima suma de dinero público debe estar justificado y la rendición de cuentas es una obligación que debe ser cumplida por todo funcionario público. Rechazó la afirmación Rodríguez sobre que las glosas son solo un comentario, sino que “es una determinación de responsabilidad por mala gestión de recursos públicos”.
.@paulinaaraujog: «Una glosa no es un comentario, pero sí una determinación por responsabilidad por mala gestión de recursos.» #Yachay #MásAlláDeLosHechos
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Acotó que la querella que Rodríguez presentó en contra de la asambleísta Cordero por proferir expresiones de descrédito en su nombre no cabe pues, fue presentada ante un juez que no tiene fuero de corte nacional. Araujo dijo que la situación se agrava, pues no se cita a la legisladora para poner en conocimiento del inicio de la causa y se convoca a audiencia sin que siquiera sea notificada. “Esta práctica desincentiva la crítica, el hecho de que no se permita analizar y la democracia se desvanezca. No puede primar el buen nombre sobre el interés nacional”, refirió.
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