El jueves 8 de junio, la CC analizó una acción de protección presentada en contra del Banco Central, que fue concedida en dos instancias, con el argumento de que la entidad vulneró los derechos a la seguridad jurídica y a la propiedad de varias compañías, por cumplir una medida cautelar de retención de cuentas bancarias dictada en un proceso penal.
Por este caso, la Corte revocó la decisión, tras concluir que existió una desnaturalización de la acción de protección presentada. Además, explicó que «el ordenamiento jurídico ecuatoriano prevé al tipo penal de prevaricato para una conducta de esta naturaleza». En Notimundo al Día, Pablo Encalada, abogado penalista, señaló que con este pronunciamiento se fortalecerá la seguridad jurídica del país, ante el constante abuso de acciones constitucionales que el país ha evidenciado durante los últimos años.
Recordó que esta práctica se normalizó tanto, que incluso -en uno de los más recientes casos- se buscó impedir la posesión de un Alcalde en la provincia de Manabí, precisamente mediante una acción de protección. «Estábamos a nada de desconocer las elecciones para Presidente de la República», agregó.
Indicó que en la sentencia emitida en 2018 había una especie de confusión generalizada, pues se creía que los jueces no cometían prevaricato al dictar sentencias constitucionales. «Había esta creencia de que ellos (jueces) podían resolver cualquier cosa, que no iban a prevaricar, y que lo peor que les podía suceder es que podían ser destituidos», señaló.
En la práctica, dijo Encalada, esto significó que los jueces -especialmente de cantones rurales donde estas acciones se dieron con frecuencia- tomen decisiones totalmente «arbitrarias y abusivas», en base a un «cálculo» que analizaba la posible destitución, pero ya habiendo recibido una buena cantidad de dinero por parte del solicitante de la acción. Al no ser esta una nueva resolución, los operadores de justicia que incurrieron en estas prácticas podrían «y deberían» ser investigados y, de ser el caso, procesados penalmente.
Aunque reconoció que esta es una sentencia trascendental, insistió en que la CC tardó en hacer esta aclaración. A su criterio, esto pudo haberse dado porque las mismas autoridades, de todos los poderes del Estado, eran quienes mal utilizaban las acciones de protección para lograr su cometido. «Les hablo de presidentes del Consejo de la Judicatura o de la Corte Nacional de Justicia, ministros de Estado, asambleístas, etc; todas han interpuesto acciones constitucionales indebidas, abusando del derecho», enfatizó.
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