En Notimundo al Día, Mireya Pazmiño, asambleísta del ala rebelde de Pachakutik, aseguró que el pedido de juicio político en contra de los cuatro vocales de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) no busca tomarse el organismo, como se ha denunciado desde algunos sectores políticos, sino transparentar la gestión y hacer que el Gobierno «saque las manos» del mismo.
El presidente del Cpccs, Hernán Ulloa; la vicepresidenta, María Fernanda Rivadeneira, y los consejeros Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán, habrían incumplido sus funciones, por haberse tomado más tiempo del establecido en los concursos y procesos de designación de autoridades, según Mireya Pazmiño. No obstante, Pazmiño aseguró que el objetivo del control político que está realizando tiene el objetivo de garantizar la imparcialidad de la justicia para que el Ejecutivo deje de «estar metido» en todos los organismos de control.
@mireyapazminoa: “Dentro de nuestras competencias está el control político. Con los juicios políticos se busca transparentar lo que pasa en el @CpccsEc. Había pretensión de cambiar el reglamento para el concurso de contralor”
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— NotiMundo (@notimundoec) August 31, 2022
Acotó que uno de los motivantes para impulsar el juicio político en contra del Cpccs fue bloquear la pretensión que habría existido para modificar el reglamento ya calificado para el concurso de elección de Contralor General del Estado. «¿A costa y a cambio de qué querían hacerlo?», se cuestionó.
Según Pazmiño, no existen posibles nombres que ocupen los cargos en caso de que se llegue a la destitución, pues «no hemos estado escogiendo quiénes suplirían a estos consejeros». Además, aseguró que «en algún momento» el legislador Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, aseguró que «quien está en el orden para subir es un amigo de él, pero no sé cuál es».
Negó que exista un pacto entre la nueva mayoría de la Asamblea Nacional para hacerse de los organismos de control, y reiteró que la única intención detrás del juicio político que se impulsa es transparentar la gestión para beneficio de la ciudadanía. «Tienen que irse los consejeros que han incumplido sus funciones», precisó.
Recordó también que dentro de la Comisión de Régimen Económico, la cual preside, se están debatiendo proyectos de ley que son de interés nacional, como la participación internacional de la banca en Ecuador, para que los intereses se reduzcan.
Frente a la denuncia de Fernando Villavicencio, sobre una supuesta conspiración para tomarse la presidencia de la Comisión de Fiscalización, negó las aseveraciones, pero se ratificó en su postura de que la mesa legislativa debe ser presidida por «cualquier otro» integrante, pues también habría incumplido funciones y no estaría manejando de forma técnica los informes de control político.
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