Cuestionamientos y acusaciones giran en torno a la Justicia en Ecuador. Que los más altos representantes de esta función en el país estén involucrados discusiones y pugnas personales, evidencia la urgencia de una reforma estructural de este poder, según coincidieron varios expertos en Más Allá de los Hechos.

En Más Allá de los Hechos, Maritza Romero, quien encabeza la terna para la presidencia del Consejo de la Judicatura, detalló su experiencia en la función judicial y negó estar o haber estado afiliada al correísmo, como han asegurado algunos de sus detractores. Para la magistrada, esta vinculación no es nueva y se remonta al 2006, cuando se trató de influenciar en una decisión judicial que debía tomar en un determinado caso.

Para Romero, la verdadera intencionalidad detrás de estos cuestionamientos no va en contra de su persona ni de Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional y quien remitió la terna, sino que pretenden evitar que un delegado de la función judicial presida el Consejo de la Judicatura, pues habría intereses personales de por medio.

Indicó que existe la persecución a los jueces nacionales, y eso se evidencia con la suspensión de Saquicela semanas atrás. «Si eso le hacen al máximo representante de la función judicial, ¿cómo vamos a sentirnos los jueces?», cuestionó.

Para Germánico Maya, expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura, la justicia es un poder que siempre será codiciado por los poderes políticos y los gobiernos de turno, y en este caso particular del presidente Guillermo Lasso. A su criterio, es innegable que el actual titular de la Judicatura, Fausto Murillo, «es un instrumento del Ejecutivo», así como el vocal Juan José Morillo es un «mensajero» del Jefe de Estado.

Ante los audios que son de conocimiento público, donde se escucha a Morillo solicitar a un juez el fallo a favor de una acción para Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea Nacional, Maya señaló que «un vocal del CJ no puede prestarse para permitir que se destruya la poca independencia que queda en el sistema judicial». Asimismo, reconoció que Iván Saquicela «ha tenido los pantalones» de enfrentar los embates de quienes desean controlar este importante poder del Estado.

La verdadera intención detrás de la pugna que evidencia el país en la actualidad sería impedir que esta función esté bien representada, por medio de la presidencia de la Judicatura, aseguró. Maya también dijo que todo apunta a que Murillo se aferra al cargo, pese a que no lo ocupa por mandato de la Constitución sino por jugadas políticas. «El Doctor Murillo es vocal y debe ocupar ese curul», añadió. Ante la falta respeto a la institucionalidad en Ecuador, el jurista solicitó al presidente Lasso que «deje de meter las manos en la Justicia, pues criticó tanto a (Rafael) Correa por ello y ahora hace eso y más».

De su lado Joffre Campaña, abogado penalista, afirmó que hay un «manoseo absoluto» de la Justicia como tal, «del que no se libra nadie, ni siquiera el Presidente de la República». Lamentó que actualmente en el país no se cumplan procedimientos ni se respete la ética, lo que evidencia una competencia por hacerse del poder a como dé lugar. Además, aseguró que la institucionalidad en el país está destrozada, pues en todos los ámbitos se evidencia los intereses propios de los distintos actores.

Ante las denuncias de la supuesta intromisión en la funciones del Estado, que denunció el asambleísta de la Izquierda Democrática, Dalton Bacigalupo, en contra del titular de la Corte Nacional, sostuvo que «ya no se sabe a quién creer», pues si la falta de seriedad en declaraciones de ese tipo nacen en personalidades importantes como el presidente Lasso, quien solicitó el archivo de la denuncia en contra de legisladores que habrían solicitado dinero en efectivo a cambio de votos, no se sabe qué esperar.

Para Campaña, ahora se evidencia un interés político ajeno a los partidos, pues se busca tener control sobre los jueces y por ende sobre las sentencias. Por ello, seguir responsabilizando al correísmo de lo que sucede actualmente en esta función «es un error». Ante la insostenible situación judicial en el país, expresó que la salida es una reforma estructural y dejar al Consejo de la Judicatura como un ente netamente administrativo, para que la capacidad de tomar correctivos esté bajo responsabilidad de la Corte Nacional.

Dalton Bacigalupo, legislador por la ID, reiteró que existe una presión por parte de Iván Saquicela para que la bancada vote a favor de la destitución de los vocales del CJ. Recordó que Saquicela fue afiliado al partido y mantiene una amistad con varios de sus militantes, como Orlando Albornoz, un dirigente nacional que estaría fungiendo de intermediario entre los legisladores y Saquicela. Aseguró que no ha mantenido contacto con el primer magistrado pues no tiene interés en «conversaciones inútiles».

Afirmó que tiene chats de asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC) pidiéndole que se sume a la destitución de los vocales, garantizando que la bancada de la ID también tendría su lugar en el «reparto». Aunque no dio nombres, enfatizó en que existe un plan orquestado para tomarse la justicia por parte del correísmo y el PSC. Compartió la opción de que el CJ debe desaparecer, por el bien del país.

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