Frente a la negativa de la Asamblea Nacional a reformar el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), para despenalizar el aborto por violación, incesto o malformación letal del feto, la Academia de Ciencias del Ecuador le envió una misiva al presidente, Lenín Moreno, con argumentos científicos y de Derechos Humanos, que apoyan el posible veto presidencial.
En su comunicado, la Academia anota, “dada la urgencia nos permitimos sugerir que se conforme una Comisión de Emergencia para analizar el tema”; y recomienda a especialistas.
La violación, explica la Academia, entendida como el contacto sexual sin consentimiento o contra la voluntad, es una de las agresiones que más secuelas deja en los seres humanos.
“Las consecuencias de este tipo de abuso incluyen estrés postraumático, depresión, abuso de drogas, conductas suicidas, victimización sexual repetida y problemas físicos crónicos”, se lee en su pronunciamiento.
Además señalan que “estudios demuestran que las mujeres violadas que han sido obligadas a continuar con embarazos no deseados sufren repercusiones psicológicas y emocionales que merman severamente sus futuras posibilidades de desarrollo social y económico”.
En cuanto a cifras, la Academia de Ciencias señala que en uno de los pocos estudios disponibles en Ecuador se demostró que ha existido una disminución en los abortos médicamente justificados y los no especificados, pero un aumento en los abortos espontáneos.
Desde el 2014, dice el comunicado, el aborto espontáneo creció en 51.5% y al menos 3 861 de estos abortos se dieron en niñas entre 10–14 años. “Esto sugiere que los abortos siguen en aumento a pesar de la penalización”.
Igual postura hicieron pública organizaciones enfocadas en Derechos Humanos de mujeres y niñas como Fundación Desafío, la Coalición Nacional de Mujeres Ecuador, Mujeres sin voz y el Frente de mujeres por la salud sexual y reproductiva. En un comunicado dirigido al Primer Mandatario señalan que el COIP no puede seguir condenando a las mujeres y niñas violadas a maternidades forzadas, a la judicialización y a la cárcel.
Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK
