Este jueves, 2 de septiembre, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron 19 allanamientos simultáneos, en Quito y Guayaquil, relacionados con los chats encontrados en el celular de Sebastián Yunda, hijo de Jorge Yunda, que tendrían relación con el cometimiento de actos ilícitos en el Municipio de Quito. Entre los inmuebles intervenidos está la empresa Geinco y las entidades municipales capitalinas de Agua Potable y de Seguridad. Hasta el momento, seis personas han sido detenidas. Entre quienes consta Cinthya Puga, exasesora de Jorge Yunda en la Alcaldía. Además, Adrián Haro, Christian Hernández Yunda, Pamela Novoa, Wang Yinlong y su esposa, Nancy Gaibor.
En NotiMundo Estelar, David Meza, abogado de Jorge Yunda, cuestionó la ejecución de los operativos y certificó que un allanamiento se realiza con la intención de recabar indicios y evidencias que puedan ampliar las investigaciones de un caso; en ese contexto, rechazó que la Fiscalía haya ejecutado las acciones cinco meses después de que los chats hayan sido públicos porque aseguró que ninguna persona que comete un delito los guardaría por ese periodo determinado de tiempo.
#DavidMeza: «¿En qué cabeza cabe que se demoraron 5 meses en realizar los allanamientos? ¿Cree que una persona que presuntamente cometió un delito iba a tener esa información cuando los chats ya fueron expuestos?»
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— NotiMundo (@notimundoec) September 3, 2021
Indicó que la postura de Jorge Yunda sobre el caso se mantiene con el refrán popular “el que nada, nada teme” y precisó que si es que existe la presunción de un delito se tiene que notificar para que las personas procesadas se puedan defender en cumplimiento a sus derechos.
Cuestionó el caso porque dijo que “ni siquiera se han tomado las versiones de las presuntamente implicadas” y agregó que “si no conoce el origen de los hechos, ¿Cómo se realiza y se garantiza un proceso?”.
Consideró que no identificar a las partes procesales es “fraguar una realidad fantasiosa para que Fiscalía aproveche de medidas como el allanamiento o las detenciones”.
Dijo que “esperaría” que estos operativos correspondan a una acción negligente y no voluntaria debido que eso implicaría “abusar del derecho penal”.
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