Ocurrirá este jueves: Carlos Ochoa concurrirá al Pleno de una Asamblea que, de pronto, se le volvió hostil, para ser políticamente juzgado por incumplimiento de funciones. La Comisión de Fiscalización fue unánime ayer: las incumplió. Más aún: debe (y así recomienda) ser investigado civil, administrativa y penalmente. “Los elementos de convicción son contundentes”, anunció la presidenta María José Carrión al instalar la sesión.
“El funcionario no ha logrado desvirtuarlos”, concluyó al cierre. La suerte de Ochoa está echada. La oposición ha conseguido el primer juicio político en tiempos de revolución ciudadana y (por lo visto ayer en Fiscalización) tiene altas probabilidades de triunfo. Parece que el partido de gobierno decidió sacrificar a uno de los suyos.
“¡Turiferaria!”, tuiteó de inmediato Rafael Correa, adjudicando a Carrión el adjetivo más rebuscado y arcaico que pudo hallar en el diccionario. “Inicuo” se queda corto.
Fue soporífera la sesión de ayer. Consistió, básicamente, en la lectura del informe final de la Comisión sobre el caso: 131 páginas que la secretaria leyó penosa y desarticuladamente y que incluyeron la transcripción completa de todo lo dicho y expuesto en el proceso: las alegaciones de los proponentes (Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar, de CREO), los testimonios recogidos, la defensa de Ochoa palabra por palabra… Luego un interminable análisis jurídico con la valoración de cada prueba de cargo y de descargo y, finalmente, cinco páginas de conclusiones y recomendaciones.
En total: 4 horas y 45 minutos de lectura que pudieron ser siete si el asambleísta Jimmy Candell no hubiera intercedido para saltarse cuarenta páginas y pasar a la sustancia.
Las conclusiones. Para empezar, la Comisión halló culpable a Ochoa de “desviación de poder” para satisfacer intereses particulares: utilizó su cargo para defender su honor, su reputación y su derecho a la réplica haciéndolos pasar por el honor, la reputación y el derecho a la réplica de la Supercom, que no los tiene pues no es una persona jurídica.
