El presidente de la República, Guillermo Lasso, ratificó, en el día 100 de su mandato, el pronunciamiento de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, sobre convocar a una consulta popular si no existen acuerdos legislativos para el trámite de leyes enviadas por el Ejecutivo. Puntualmente, el Jefe de Estado indicó que “si no hay una respuesta positiva para la mayoría del pueblo ecuatoriano, el camino es la Consulta Popular”.
#ATENCIÓN | En una entrevista, el presidente, @LassoGuillermo, afirmó que si la @AsambleaEcuador no accede a las #reformas que propone el ejecutivo optará por llamar a consulta popular. pic.twitter.com/ljHYwYphDp
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Al respecto, el constitucionalista André Benavides, explicó, en NotiMundo a la Carta, la viabilidad y puntualizó que es necesario tomar en cuenta los aspectos inherentes a la reactivación económica y al Plan Nacional de Desarrollo; explicó que estos “van a necesitar” una implementación a través del órgano legislativo para derogar o reformar normas o, también, para sustituir impuestos.
#AndréBenavides «Si estamos hablando de modalidades contractuales es evidente que se requiere un trámite en la @AsambleaEcuador porque habrá que reformar el Código de Trabajo, la LOSEP o inclusive esta modalidad anunciada por el ministro @DonosoEcuador»
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Precisó, además, que las modalidades contractuales, como la propuesta laboral presentada por el Ministro de Trabajo, Patricio Donoso, a manera de una medida “complementaria” al Código de Trabajo vigente, exigen un trámite en el Pleno de la Asamblea Nacional y detalló que esto se debe a que se realizarían reformas en el cuerpo legislativo laboral. En este mismo tipo de normativas también estarían comprendidas las modificaciones a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP).
Sin embargo, manifestó que para “destrabar” la falta de consensos, por no contar con la mayoría requerida en el Parlamento, el Ejecutivo sí podría convocar a una consulta popular e informó que este un mecanismo de democracia directa que cuenta con la participación de los ciudadanos para implementar decisiones a futuro que reformarían y definirían las condiciones constitucionales del país.
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