En NotiMundo Estelar, Fernando Benalcázar, viceministro de Minas, explicó que una consulta popular pondría en riesgo las inversiones y la seguridad jurídica de los contratos que el Estado ha concesionado con empresas nacionales e internacionales.

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Después de varias marchas registradas en Quito, la Corte Constitucional sesionará, este martes 17 de septiembre, para tratar los dos pedidos de consulta popular sobre la extracción minera metálica en las reservas de agua y ecosistemas sensibles en la provincia de Azuay.

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Para el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, dar paso a esta consulta popular local sería contraproducente para todo el sector productivo ecuatoriano, no solo para el minero; esto, porque «ahora es la minería metálica, pero mañana, a través de estas consultas, se puede afectar a la agroindustria, por ejemplo».

Además, Benalcázar explicó que, según la constitución, el Estado tiene el derecho de administrar, a través de los ministerios pertinentes, los recursos naturales no renovables. Por este motivo, «no se puedo permitir que el derecho del Estado sea violentado a nivel local, porque se podrida generar una reacción en cadena«, enfatizó.

Sin embargo, afirmó el Viceministro, esta consulta también vulneraría los derechos adquiridos de las empresas mineras, nacionales e internacionales, que operan con «ingentes inversiones» en Azuay; provincia en la que «el 15% del territorio está concesionado bajo derechos mineros, de los cuales 14% tiene que ver con minería metálica».

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