Víctor Zárate, comandante de la Policía Nacional de la Zona 8, confirmó que el abogado asesinado en el sur de Guayaquil también llevaba otros casos sobre las masacres carcelarias. En Notimundo al Día, Lorena Grillo, abogada penalista, señaló que este es un caso «gravísimo», pues la propia víctima de la presunta violación había denunciado en redes sociales que la expareja de su madre, el Coronel Diego Pavón, habría amenazado a su abogado José Villalta.
«A todos quienes hacemos defensa penal nos espeluzna un caso así», reconoció Grillo, pues ha quedado demostrado que se pueden generar amenazas y atentar contra su integridad física por cualquiera de las causas que estén patrocinando. «No tenemos ninguna garantía», añadió, pues Villalta venía denunciando los amedrentamientos y solicitando ayuda, pero no la recibió.
Grillo recordó que la sola denuncia en redes sociales es un mecanismo que permite activar las investigaciones en materia penal, y no se requiere un documento por escrito con la solicitud. «Este caso es público en redes sociales», por lo que «la investigación ya debió haber iniciado de oficio», apuntó.
Este asesinato se suma a la lista de lamentables hechos de violencia que ha evidenciado el país, también en contra de los operadores de justicia, con casos como el asesinato del fiscal Édgar Escobar en los exteriores de su lugar de trabajo, o el atentado en contra de un juez multicompetente de Shushufindi, en Sucumbíos. En este sentido, Grillo sostuvo que la inseguridad en Ecuador «es grave para todos», incluidos los abogados.
.@LawLoreG: «En materia penal, no se requiere poner una denuncia escrita ni nada más que conocer por parte del titular de la acción de un hecho delictivo. Este caso es público en redes sociales. La investigación ya debió haber iniciado»
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— NotiMundo (@notimundoec) September 26, 2022
Por ello, aplaudió la disposición que se adoptó en Guayas durante la semana pasada, para que los jueces y fiscales puedan participar de forma telemática en las audiencias que consideren de alto riesgo. No obstante, lamentó que la decisión no se replique en el resto del país, pese a que «se lo ha solicitado por 2 años, no solo por seguridad, sino comodidad, ahorro de suministros, etc». «Se ha pedido al Consejo de la Judicatura que abra un expediente electrónico, y aunque esto está en la ley hace más de 10 años, no se ha visto el más mínimo avance«, enfatizó.
Por otro lado, resaltó que esta problemática es «transversal», pues no involucra solo a la Policía que se encarga de detener a los delincuentes, sino a fiscales y jueces que apliquen de forma correcta la ley. Por ejemplo, existen casos de personas sentenciadas por asesinato que deberían cumplir una pena superior a los 30 años, quedan en libertad a los 3 o 4 años por recursos como el hábeas corpus. «La delincuencia sí tiene cooptada a la Función Judicial y obtienen beneficios que un ciudadano normal no podría obtener», puntualizó.
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