Para Luis Córdova, investigador y director del programa ‘Orden, Conflicto y Violencia’, el Estado tiene una deficiente comprensión en cuanto a la magnitud de la penetración del crimen organizado en las diversas esferas, lo que le ha llevado a pensar que la solución al problema pasa por implementar un mayor número de efectivos en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Explicó que el avance de las bandas criminales transnacionales necesariamente pasa por una articulación entre esos grupos, entidades estatales y hasta grupos empresariales legalmente constituidos, los cuales se prestan para «apalancar o encubrir» la salida de sustancias ilícitas desde los diferentes puertos del país.
Por ello, afirmó que algunas de las respuestas para enfrentar esta crisis se enmarcan en la creación de unidades de inteligencia autónomas, con financiamiento público. «Mientras no haya un mecanismo de supervisión externo sobre los aparatos de seguridad y las instituciones, es muy difícil identificar por dónde se está corrompiendo a las estructuras del Estado», sostuvo el experto.
Por otro lado, Córdova propuso emprender una auditoría integral a todos los sistemas de otorgamiento de servicios. Esto para evitar que se repitan casos como el que recientemente fue publicado en un reportaje periodístico, donde se evidenció que, desde el sistema de asignación de cupos para exportación de banano, controlado por el Ministerio de Agricultura, se descubrió que uno de esos cupos era para una empresa fantasma, por donde salían 1.2 millones de cajas por semana. Una auditoría efectuada determinó que tal compañía no existía, ni las supuestas plantaciones de donde salía la fruta.
Finalmente, recomendó mejorar los controles a nivel financiero y empresarial, pues aseguró que cortando el flujo del dinero que alimenta a las organizaciones, se podrá contrarrestar el conflicto en que nos han sumido las bandas delincuenciales.
Arturo Torres, editor del portal de investigación Código Vidrio, compartió esta última apreciación de Córdova y criticó que instituciones como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) no rinden cuentas ante un poder superior, que efectivamente pueda controlar el trabajo el trabajo que ejecuta ni tampoco su efectividad.
En este punto, recordó que solo un reporte de operaciones bancarias sospechosas ha llegado a tener sentencia, desde 2015. Sin embargo, han sido «miles» los casos similares, dijo. Aclaró que al no contar con un caso «bien armado», se da paso a que desde la Fiscalía General del Estado tampoco se puedan establecer responsabilidades, pues la institución tampoco tiene especialidad en el tema. «Estas estructuras (criminales) lo conocen muy bien y se aprovechan de eso», apuntó.
Para Marcelo Dueñas, abogado penalista, el desmantelamiento de algunas unidades especializadas en investigación e inteligencia dio paso a que los grupos criminales avancen en sus operaciones. A esto se suma la corrupción que existe en distintos niveles del Estado, dijo, por lo que mientras no se fortalezcan sistemas como el de justicia, no cambiará la situación.
Por ello, Dueñas consideró que mientras jueces y fiscales no «sintonicen» con el clamor ciudadano, la situación no mejorará. «Esto no es un tema solo de una cabeza política o de un régimen ideológico; se trata de una actuación responsable, principalmente, de la función judicial», puntualizó.
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