Recuperarse de un terremoto cuya magnitud fue de 7,8 en la escala de Richter no es tarea fácil. Saber cuánto costará, qué se debe hacer, cuánto tiempo tomará no se puede aún definir ante el azote de la naturaleza que afectó a Manabí y al sur de Esmeraldas. La Cámara de Comercio de Manta, un economista, y un arquitecto se pronuncian para dar varios escenarios de lo que ocurre en el país.
Lucía Fernández De Genna es la presidenta de la Cámara de Comercio de Manta, y asegura que no saben cuántas personas han perdido en totalidad sus negocios. “No solo hablamos de pequeños y grandes comerciantes, sino también del mercado minorista informal, lo cual no está cuantificado”.
Se calcula, sin embargo, que en Manta, entre todos los afectados, suman 4 500 comerciantes. “Conversé con 220 minoristas, por ejemplo, que se van a acoger a los beneficios que les ofrece la banca, tras la tragedia. Ellos dicen que necesitan mínimo un año para salir adelante”, dice Fernández. La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) resolvió diferir el cobro de las cuotas correspondientes a abril, mayo y junio de los créditos de vivienda, consumo, microcréditos y de tarjetas de crédito de las personas naturales registradas en las dos provincias mencionadas.
Fernández De Genna afirma que Manta y Portoviejo han perdido el 80 % de su comercio. “La provincia se encuentra en un caos comercial al momento. El sector encierra múltiples líneas como turismo, venta de ropa, repuestos, etc. La industria pesquera no está tan afectada, ya que viven de la exportación. Lo que les ha perjudicado es la baja en los precios por la sobreoferta en Asia. Esto provocó un estancamiento desde antes del terremoto. También le ha afectado otros factores como el fenómeno de El Niño, no contar con nuevos mercados, el Tratado de Libre Comercio, entre otros”, asegura.
Esta representante del sector también es la presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio y asegura que se trabaja en conjunto con todos los gremios. “He dialogado con los sectores productivos de mi ciudad, minoristas, mayoristas, informales… Se prevé pérdidas de más de 1.000 millones de dólares en toda la provincia de Manabí”.
Ante la emergencia, el gobierno de Rafael Correa anunció medidas económicas para obtener más recursos para enfrentar la crisis. Determinó el pasado 21 de abril que: el IVA se elevará a 14 % (durante un año). Se establecerá una contribución del 3 % adicional sobre las utilidades y una contribución del 0,9 % sobre personas naturales, cuyo patrimonio sea mayor a un millón de dólares. Estos tributos se cobrarán por una sola vez.
Otra medida es el pago de un día de sueldo durante un mes para quienes ganen más de 1 000 dólares. Al ganar más de 2 000 dólares, el aporte será por dos meses; y si recibe más de 5 000 dólares, contribuirá durante cinco meses. Además, el Estado venderá algunos activos.
Santiago Bucaram, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), considera que al momento el Gobierno debería evitar que todas las decisiones que tome frente al desastre natural, se conviertan en un desastre económico y político. “El Presidente se encuentra en una posición sumamente delicada, ya que sobre su espalda están las esperanzas y las expectativas de las personas para resolver el problema de una forma rápida, pero paradójicamente debe tomar todas las medidas con calma, analizarlas y sustentarlas”, dice. Al momento, el Mandatario calcula que el desastre puede costar 3.000 millones de dólares. Una previsión que tampoco está confirmada de forma técnica.
Bucaram recuerda el terremoto y maremoto que sufrió Chile en 2010. “En ese país se tomaron el tiempo necesario para hacer un análisis serio y definir el valor del impacto y, sobre la base de este, tomar las medidas adecuadas. Claro que contaba con recursos provenientes del fondo de estabilización del precio del cobre. Además, contrajo el gasto público en un 25 %”, asegura.
En el caso de que se requieran los 3 000 millones de dólares mencionados, indica este economista, el país ya cuenta con 600 millones de dólares provenientes de préstamos con condiciones favorables. “Esta cantidad es más que suficiente, porque en cierta medida el Estado no debe ser el responsable del 100 % de los costos. El sector privado también debe participar en la recuperación de la infraestructura. De hecho, en varios países que han sufrido desastres naturales, los gobiernos solamente han invertido un tercio del total. En este caso, si son 3 000 millones de dólares, un tercio son 1 000 millones de dólares. Ya tenemos 600 millones de dólares”, agrega.
Las medidas del Gobierno se contradicen, apunta el experto. Si el sector privado es el responsable del 70 % de la reconstrucción, el Ejecutivo en vez de poner medidas impositivas, “debe generar incentivos tributarios, fiscales, arancelarios, etc.”. Bucaram, además, recomienda trabajar de forma directa con los sectores económicos importantes de esta zona: atunero, hotelero, etc., y permitirles levantar a la región.
Otro factor clave, que es una fortaleza para superar el desastre, es la ayuda que han otorgado la población y las empresas que no fueron afectadas. Hasta el momento, las noticias de las contribuciones que llegan a la zona de desastre de las diversas provincias del país no terminan. Por tanto, la medida del Presidente sobre la contribución salarial para enfrentar el problema es perjudicial, a ojos de Bucaram. “Si alguien desea donar, pero le van a restar un día de sueldo; dirá entonces, ya no dono. Las aportaciones obligatorias distorsionan los incentivos de las personas. La sociedad civil es muy importante”.
La arquitectura de las zonas de desastre tampoco se levantará de forma sencilla. Víctor Villegas tiene experiencia de 30 años en el área y explica que son varios factores los que se deben analizar de forma previa.
Uno, tomar en cuenta que si se reubica a las personas que se quedaron sin vivienda, se debe buscar un terreno que cuente con todos los servicios básicos. Es fundamental la presencia de vías en buen estado, bordillos, carreteras, etc.
Dos, es importante analizar si se cuenta o no con los recursos económicos; tres, con materiales de buena calidad; y cuatro, con el asesoramiento profesional, “con todo esto, una casa se puede levantar en tres meses”.
Por la emergencia, Villegas recomienda edificar villas o casas de máximo dos pisos, construidas con elementos alternativos. “Las construcciones en serie facilitan el factor tiempo. Se debe hacer un estudio de suelos”, dice.
También es clave analizar el tipo de materiales que se van a usar. Tras la emergencia salieron a la luz construcciones que se levantaron con arena del mar. Esta, por su salinidad, es perjudicial porque corroe el hormigón y el acero. De ahí que sea “importante un mejor asesoramiento. Se debe tomar en cuenta el tipo de clima”.
En cuanto a la infraestructura pública, hay que derrocar lo dañado e iniciar la construcción de forma inmediata. Esto no es tan complicado como partir de cero, porque, explica Villegas, ya se cuenta con planos tipo de las construcciones caídas. Se requiere un estudio de suelo, retirar los cimientos anteriores, limpiar los escombros, controlar que se cumplan normativas, etc.
Chile es un ejemplo a seguir. El 27 de febrero de 2010 sufrió un terremoto de 8,8 y un posterior tsunami golpeó la zona centro sur del país. Afectó al 69% de las comunas, en las que habita el 75 % de la población.
Según una publicación del portal: www.eldefinido.cl, en 2013 Chile fue reconocido por su eficiencia en la reconstrucción. Un estudio realizado por el Centro de Investigaciones de Ingeniería Sísmica del Pacífico, de la Universidad de Berkeley, analizó la situación.
La investigación lo destacó a escala mundial y mostró el esfuerzo por recuperarse del desastre, que destruyó una de cada 10 casas de las seis regiones afectadas. El informe decía que “en tan solo dos años y medio desde que empezó la reconstrucción, el
84 % de las viviendas habían iniciado su construcción y más de 121 000 familias con subsidios asignados vivían en casas reconstruidas o reparadas (más del 50 % de afectados).
Otro terremoto que está en la mente de los países latinos es el que sufrió Perú en 2007. Aquí la realidad es distinta a la de Chile. Un terremoto de 7,9 grados devastó Ica, y dejó 550 muertos y 76 000 casas destruidas. Una publicación de El Comercio de Lima de agosto de 2013 afirma que, a pesar de que el entonces presidente, Alan García, se comprometió a convertir a Hualcará (zona del desastre) en una ciudad moderna y ejemplar, los datos de la reconstrucción afirman que los trabajos han sido lentos e insuficientes. De las 7 970 casas destruidas en Cañete, por ejemplo, se han reconstruido casi el 80 % (6 376), pero de estas el 60 % (3 825) han sido levantadas por los propios damnificados y el 40 % (2 550) se construyeron en los últimos seis años, con apoyo de los distintos programas de vivienda.
Un tercer ejemplo del tiempo que toma salir de un desastre natural es Haití. La información recopilada en www.elpais.com indica que en 2010 un terremoto segó la vida de más de
200 000 personas, y dejó sin hogar a 500 000. Llegó ayuda de 12 000 ONG para liderar el proceso de reconstrucción, pero se demostró ineficiencia en la coordinación de acciones y falta de transparencia en la gestión de los fondos recibidos. El informe ‘Haití un nouveau regard’ afirmó en 2015 que “la reducción de la pobreza afecta al 60 % de la población, la tasa de desempleo es del 70 % y existe un insostenible déficit de vivienda asequible”.
