En Notimundo al Día, Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, se refirió a los aportes que se están recogiendo de parte de diversos actores para el veto parcial a la Ley de Comunicación que planea presentar el Ejecutivo. Recordó que desde el organismo que preside se remitió a la Asamblea Nacional un informe donde se expresa la preocupación frente a la normativa aprobada, pues la mayoría de artículos estarían fuera de la constitución y de los estándares internacionales.
Cruz consideró que una de las principales falencias que tiene el proyecto aprobado por el Legislativo es el Artículo 17, donde se establece al Estado como el juez que debe garantizar el derecho a la verdad, lo que dificulta comprender cómo será el rol fiscalizador para decidir qué se difunde y qué no. Informó que durante la reunión del miércoles 17 de agosto con la Secretaría de Comunicación de la Presidencia y varios sectores sociales también se cuestionaron los Artículos 11 y 12 del proyecto, donde se incorpora la posibilidad de sanciones penales.
@Jeanninecruzz: “Se está legislando desde el revanchismo. Esperamos que el presidente @VSaquicelaE entienda que el articulado es lesivo para la democracia del país”
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— NotiMundo (@notimundoec) August 18, 2022
«Son situaciones que nos preocupan y hemos dicho que el Estado no puede darle la espalda a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos» dijo, respecto a la sanción que se impuso durante el régimen de Rafael Correa al diario El Universo y el periodista Emilio Palacio por un artículo de opinión. La sentencia, emitida 10 años después, en 2021, declaró «la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por la violación a los derechos a la libertad de expresión, el principio de legalidad, la circulación y residencia, la estabilidad laboral, las garantías judiciales y la protección judicial».
Cruz hizo énfasis en que la autorregulación de los medios de comunicación es uno de los principales parámetros para respetar la labor periodística. Asimismo, recordó que la mayoría de demandas en este tema vienen desde los cargos de poder hacia los comunicadores, por lo que ven con preocupación que se trate de «normalizar» estas actitudes como uno de los requisitos para hacer respetar el derecho a la honra.
Además, criticó que en la normativa la Asamblea Nacional faculte a la Defensoría del Pueblo de que se convierta en una «comisaría de quejas», donde debe primar el derecho ciudadano para temas como el acceso a la información. «Quieren convertirla en la Defensoría de la guillotina», criticó, pues el rol del organismo no puede ser quien lleve adelante procesos en contra de los medios de comunicación.
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