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El Gobierno extendió la emergencia hasta septiembre. La próxima semana, en una cita regional, se buscarán soluciones inmediatas y recursos de la cooperación.

Efe

“Se hace lo que se puede” para atender a los venezolanos que llegan al país, dijo el canciller José Valencia. Ayer, él reconoció que la inusual migración de ciudadanos de ese país es una carga importante, sobre todo, por la situacióneconómica que atraviesa el país. “Estamos haciendo todo el esfuerzo al límite de los recursos”, declaró.

Valencia, quien compareció ante los periodistas acompañado por sus colegas de Salud, Trabajo, Inclusión y Transporte, defendió las decisiones adoptadas por el Gobierno para enfrentar esta crisis. Incluyendo la de pedir pasaporte o cédula apostillada para permitir el ingreso al país, lo que calificó como legal y necesario a pesar de las críticas de los organismos de derechos humanos.

El Gobierno ecuatoriano, sin embargo, enfoca sus esfuerzos en una respuesta regional.

La esperanza inicial (y para tratar los asuntos más concretos e inmediatos, según dijo Valencia) está puesta en la reunión que Ecuador está convocando para el 3 y 4 de septiembre a 13 países de la región (incluyendo a Venezuela), la OIM y Acnur. “La idea es que todos los países que estemos presentes podamos identificar los principales desafíos en todos los sentidos”, explicó. Mencionó, por ejemplo, el cruce de las fronteras, mecanismos de identificación efectivos, salud, movilización…

También han sido invitados como observadores el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial y a la Corporación Andina de Fomento (CAF). El objetivo también es movilizar recursos de la cooperación: hasta ahora, comentó Valencia, el mayor esfuerzo en términos económicos ha recaído en los estados. El aporte de la cooperación, dijo, han sido “bastante reducidos”.

“Lo que se viene es un reto en términos económicos importantes para todos los países de la región, especialmente para el Ecuador”, añadió. Las previsiones del Gobierno local es que, hasta el final del año, cerca de un millón de venezolanospodrían ingresar al país y, de ellos, unos 300.000 podrían establecerse aquí.