El pasado 7 de abril, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se reunió con autoridades de Gobierno en Yuztupino, provincia de Napo, para evaluar las acciones que se ejecutan en contra de la minería ilegal en la zona. En Notimundo al Día, Guillermo Flores, coordinador técnico de Minería de la Agencia de Regulación y Control, señaló que se trabaja «de forma incansable» para erradicar esta práctica que tiene afectaciones sociales y ambientales.
Flores informó que, producto del operativo macro liderado por el Ministerio de Gobierno que se realizó el 15 de febrero, se incautaron 148 máquinas excavadoras, 97 bombas de agua utilizadas en el proceso de extracción, 80 clasificadoras y combustibles. No obstante, señaló que hasta el momento solo han tenido la comparecencia de 12 personas dueños de la maquinaria, lo que le hace presumir que los 136 restantes no lo harán. «Judicialmente se está avanzando en el proceso», añadió.
Asimismo, indicó que previo a esta intervención en el territorio ya se realizaban operativos pequeños en el sector, pero que para lograr mejores resultados se solicitó la ayuda de la fuerza pública, logrando la presencia de 1.500 efectivos entre policías y militares.
#GuillermoFlores: «Lastimosamente, la minería ilegal sigue avanzando y se conecta con otros delitos, por lo que se está trabajando para conformar grupos de trabajo y cada institución puedan actuar»
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— NotiMundo (@notimundoec) April 14, 2022
Flores resaltó que durante la visita del Primer Mandatario se ejecutó un sobrevuelo para conocer las afectaciones en las zonas de difícil acceso y se comprobó que «lastimosamente, la minería ilegal sigue avanzando». A su criterio, la práctica tiene más acogida en la población debido a que el precio de los minerales en el mercado internacional se ha incrementado, volviéndola más atractiva para los pobladores.
Sin embargo, insistió en la necesidad de articular acciones y esfuerzos entre instituciones del Estado para paliar la situación, pues en la práctica ilegal también confluyen otros delitos como el tráfico de drogas y de armas, trata de personas, entre otros. Destacó que hay la disposición de que la maquinaria pueda ser donada para distintos GADs para obras públicas, «hasta poder llegar a la remediación de las afectaciones generadas».
Aseguró que próximamente se tendrán identificados los dueños de las máquinas Anunció que el Gobierno.
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