Este lunes 16 de septiembre, varias organizaciones de defensa de los derechos de la naturaleza y oposición a la minería protagonizaron nuevas marchas hacia la Corte Constitucional en Quito; con el propósito de exigir que se permita una consulta popular local para bloquear la extracción minera en Azuay.
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El prefecto de Azuay, Yaku Pérez, explicó que se presentaron varios recursos de amicus curiae desde diferente sectores de la población, como la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. «Buscamos que sea el pueblo el que, soberanamente, decida en las urnas si apostamos por el oro o por el agua«, subrayó.
.@yakuperezg: «Las aguas no pueden ser contaminadas. #Ecuador no ha sido nunca un país #minero.» #NotiMundoalaCarta #Azuay pic.twitter.com/gmfLQ8cChm
— NotiMundo (@notimundoec) September 16, 2019
Además, Pérez enfatizó en que la consulta popular no pretende prohibir la minería en absolutamente todo el territorio de Azuay, sino en fuentes de agua y áreas protegidas, para no vulnerar ecosistemas sensibles.
Según el prefecto, el Gobierno ha optado por seguir un camino que ha demostrado tener «consecuencias apocalípticas» alrededor del mundo: el del extractivismo. Sin embargo, hay muchos más sectores económicos de los que podría beneficiarse y que no significan una devastación de la naturaleza.
.@yakuperezg: «Queremos ser exportadores de materia prima. Lo que pasa en la Amazonía ecuatoriana repercute en la brasileña.» #NotiMundoalaCarta #Azuay pic.twitter.com/5tfX7RQMEm
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«La megaminería significa una megaexplotación de la naturaleza y una megaexplotación laboral. Hay otras fuentes de donde sacar recursos económicos, como el turismo, la agricultura o, incluso, con una renegociación de la telefonía celular», señaló Pérez.
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