En medio del proceso de juicio político que se sigue en contra del presidente Guillermo Lasso, el 'fantasma' de la muerte cruzada vuelve a rondar en el ambiente. En Notimundo al Día, Yeseña Guamaní, legisladora por la Izquierda Democrática (ID), aseguró que desconocerán la medida, en caso de que la aplique el Primer Mandatario, pues no se configuran las causales necesarias.

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En Notimundo al Día, Yeseña Guamaní, legisladora por la Izquierda Democrática (ID), recordó que el juicio político es una facultad constitucional que tiene la Asamblea, en caso de que existan motivos donde se sospeche que el Presidente habría incurrido en algún delito.

Por ello, disolver el Parlamento mediante la figura conocida popularmente como ‘muerte cruzada’ se entendería como una represalia del Primer Mandatario para evitar su destitución, pues en el Pleno legislativo se contaría ya con los 92 votos requeridos para llevar a cabo ese cometido. «Sería, además, una actitud egoísta e irresponsable con el país», apuntó Guamaní.

Una disolución de la legislatura y el adelanto de elecciones que eso implica, le costaría al país cerca de USD 114 millones, afirmó la asambleísta. «Si el Presidente tuviera un poco de dignidad, podría renunciar y evitarnos volver a elecciones, y darles una oportunidad a los ecuatorianos de hablar de las prioridades», acotó.

Según Guamaní, no se cumple con las causales establecidas en la ley para que Lasso disuelva el Parlamento, como la arrogación de funciones, obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo o conmoción interna. A la causal que estaría apuntando el Jefe de Estado es la segunda, sin embargo, para la asambleísta «el Gobierno ni siquiera tiene un Plan Nacional, ni políticas públicas; por ello, sería inconstitucional aplicar la muerte cruzada».

En este sentido, se ha acordado con legisladores de distintas bancadas para desconocer esa figura constitucional, en caso de que el Primer Mandatario la active.

Por otro lado, aclaró que la facción de la ID comandada por el asambleísta Rodrigo Fajardo es la legalmente reconocida y reiteró que, al menos, 8 de los 10 integrantes apoyarán el juicio político. «Los otros (4) legisladores podrán decir lo que sea, como siempre lo han hecho, pero la bancada oficial la apoyaremos», enfatizó.

Dijo que la otra facción del partido, representado en la Asamblea, defiende los intereses del Gobierno mediante «acuerdos» con el Ejecutivo, para dar los votos necesarios que eviten la destitución de Lasso.

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