En Más Allá de los Hechos, Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, informó que durante este año se han registrado 262 eventos relacionados con explosivos, entre atentados, amenazas y paquetes sospechosos, lo cual evidencia el avance de esta práctica delictiva en el país, que busca, entre otras cosas, causar temor y daño en la población, además del mensaje que se envía al Gobierno Nacional.
Salinas aseguró que el ataque del pasado 15 de agosto en el barrio Cristo del Consuelo, en Guayaquil, fue el primero donde se usaron diversos explosivos y materiales que no se habían registrado en esta clase de atentados. Asimismo, reconoció la importancia de la asistencia internacional para evaluar las características del ataque, por lo que peritos de Estados Unidos arribaron al país para analizar las particularidades del hecho, con el fin de determinar los tipos de explosivos utilizados y neutralizar nuevos eventos de este tipo.
Por otro lado, destacó la reacción inmediata después de ocurrida la tragedia, donde fallecieron 5 personas y otras 17 resultaron heridas. «Hubo una articulación de las unidades de inteligencia e investigación», apuntó.
Frente al avance del crimen organizado en Ecuador, Salinas consideró que este es un fenómeno global que responde al fortalecimiento de las organizaciones criminales de todo el mundo, ante el avance del consumo de drogas principalmente en Estados Unidos y Europa. No obstante, afirmó que las acciones de la Policía han representado una ventaja en la lucha contra las drogas, con resultados de grandes incautaciones de estupefacientes, lo que debilita las economías criminales.
También destacó que en los últimos meses se han hecho labores intensivas para desarticular bandas delictivas que permanecían ocultas, pero reconoció que todavía existen deficiencias que permitan lograr una mayor efectividad en esta lucha. Entre ellas, está la falta de una Ley de Inteligencia, que fortalezca la prevención de estos delitos. Para Salinas, es necesaria la implementación de un marco legal y de tecnología para mejorar las capacidades de anticipación, así como una correcta actuación de jueces y fiscales, para que no se otorguen medidas sustitutivas a la prisión luego de que son capturados los antisociales.
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