En Notimundo al Día, Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad, manifestó que el informe para segundo debate de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, aprobado el pasado sábado 21 de mayo, recoge aportes de los todos los jefes de bancada, con el objetivo de reducir la posibilidad de que se presenten observaciones el día de la votación y pueda darse paso sin mayor inconveniente.
En este cuerpo normativo estarán también incluidas las Fuerzas Armadas, que deberán velar por el control de armas y en el cuidado de las fronteras. Narváez explicó que otro tema fundamental que fue incluido es el derecho de los miembros de la Policía Nacional dentro de las funciones de su labor. Detalló que en el caso de que un uniformado haga uso de su arma para defender la vida de la víctima o la propia, entrará en un proceso de investigación que será acompañado por un experto legal, para que se patrocine el proceso y se garanticen los derechos.
Otro derecho que se contempla es la entrega de un valor económico, a manera de seguro, para la familia del policía, en caso de que ocurriera un atentado contra su vida. Dotación de armas, municiones, trajes, y capacitación es otro de los puntos que se destacan en el nuevo informe.
@ramironarvaezg: “En está Ley se incluyen los derechos de la @PoliciaEcuador, como el auspicio legal, seguro para la familia en caso de que le pase algo, capacitaciones para que puedan actuar”
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— NotiMundo (@notimundoec) May 25, 2022
Narváez recordó que la Ley de Uso de la Fuerza establece que, si la vida de un ciudadano está en riesgo, la Policía puede hacer uso de su arma de fuego, sin perjuicio de ser sentenciado ni puesto bajo prisión preventiva, sino que su defensa la podrá hacer en total libertad. En este sentido, la Ley se establece la capacitación de todo el eje de justicia y la creación de una unidad especializada en uso de la fuerza, «pues ahora se trata igual cuando un delincuente asesina a un ciudadano que cuando un policía dispara a un criminal».
El titular de la mesa de Seguridad aclaró que la Ley por sí sola no constituye una solución definitiva para el país en materia de seguridad, sino que es un aporte adicional para que se puedan generar políticas públicas que protejan la vida de los ciudadanos y de las fuerzas del orden. Añadió que se debe llegar a un equilibrio, para que se pueda fortalecer las instituciones, pero al mismo tiempo garantizar que no se cometan abusos en contra de la población civil. «Muchas veces el uso extralimitado de los agentes de seguridad se ha puesto en evidencia con ejecuciones extrajudiciales y abusos», apuntó.
Finalmente, destacó que ahora no se deberá esperar que el delincuente ataque para poder actuar, ni tampoco se seguir de forma secuencial los niveles de uso de la fuerza, sino que se puede actuar en cualquiera de los seis niveles en función de la amenaza que se presente.
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